1. Hay
que revitalizar y fortalecer la Sociedad Civil, que debe ser la protagonista de
la regeneración democrática
que necesita España y de su
reestructuración política, social y económica. Queremos abrir un debate y
motivar a
los ciudadanos para que
ejerzan la soberanía que les corresponde. Con esta finalidad, todas las
actividades de
nuestra Red se llevarán a cabo dentro de
la Ley. Todo de forma pacífica y moderada. No aceptamos la pasividad y
la resignación ante esta España que no nos
gusta. Ha llegado el momento de ponernos en marcha hacia la España
del bienestar para todos.
2. Es
urgente racionalizar y modernizar el Estado para que esté al servicio de los
ciudadanos, cumpliendo sus
obligaciones eficientemente, al menor
coste posible. Como no es sostenible seguir funcionando con 17 ruinosas
Autonomías, queremos un Estado Unitario
que garantice la igualdad de todos los españoles tanto en derechos
como en oportunidades y obligaciones,
pero respetando, en sus justos y ponderados términos, los hechos
diferenciales existentes en nuestra nación
que sean compatibles con nuestra condición y con nuestra vocación de
Estado miembro de la Unión Europea. Los
tres poderes del Estado —legislativo, ejecutivo y judicial— deben estar
rigurosamente separados, pues es
antidemocrático y perverso que uno de ellos invada y avasalle a los otros. Los
funcionarios al servicio del Estado
deben ser seleccionados mediante oposiciones transparentes con temarios
únicos para toda España y deben poder
servir en toda España sin ningún tipo de limitaciones.
3.
No podemos mantener entidades o instituciones duplicadas o triplicadas y mucho
menos inútiles, como el
actual Senado. Cada función o competencia
corresponderá a una sola Administración y a una sola institución.
4.
España necesita renovar en profundidad su actual clase política y prescindir
del régimen partitocrático que
asfixia el progreso y desarrollo de la
nación. La pasividad y la impotencia que manifiestan los partidos políticos no
deben bloquear el cambio indispensable
que demandan los sectores más lúcidos y dinámicos de la Sociedad Civil.
La vigente Ley Electoral impide que los
ciudadanos podamos elegir directamente a nuestros representantes y
autoridades. Creemos que el voto
nominativo en distritos uninominales nos devolverá el poder y la soberanía a los
ciudadanos, que hemos de ser representados,
en Las Cortes, por diputados que se deberán a los votantes, no a los
partidos. Queremos acabar con el
sistema de listas cerradas y bloqueadas, que sólo favorece a una partitocracia
institucionalmente corrupta. El fuero
del que gozan los parlamentarios debe ser efectivo únicamente para actos y
dichos en sede parlamentaria. Para
delitos comunes cometidos por políticos, debe ser competente la jurisdicción
ordinaria.
5.
Los sindicatos, las patronales, los partidos políticos y las fundaciones son
organizaciones que deben ser
financiadas por sus propios adherentes o
militantes. El dinero de los españoles debe ser utilizado con criterios de
eficiencia y con sentido solidario, pero
no puede ser malgastado en instituciones de carácter privado, ni en
arbitrarias subvenciones. En cambio, sí
que debe potenciarse el crédito que se dirija específicamente a crear
empleo y a mejorar productividad.
6.
El ejercicio de la política no debería ser una profesión, sino una actividad
transitoria. Los políticos deben
percibir los sueldos correspondientes,
mientras se mantengan en sus cargos, y cobrar las prestaciones que les
correspondan de la Seguridad Social, a la
que deben haber cotizado, si no obtienen un trabajo al abandonar la
actividad política. Ningún político
tendrá derecho a percibir ningún tipo de prestación del Estado una vez
finalizadas sus funciones, exceptuando
aquellas situaciones en que la seguridad personal y familiar pueda estar en
riesgo.
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