¿LOS JUECES TAMBIÉN ESTÁN CONTRA LOS ANDALUCES?

El lunes el diario El Mundo hacía pública dos sentencias que vuelve a dejar en evidencia las formas del Gobierno de la Junta de Andalucía. Resulta que los juzgados de lo Social números 1 y 2 de Córdoba  han declarado improcedentes los despidos de trabajadores auxiliares de varios centros educativos, sentencias que aunque no son firmes, sacan los colores al gobierno de Dª Susana Díaz.

Y es que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía seguía un proceder, cuanto menos particular, con el “Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de infantil y primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía” y que afectaba a unos 1.000 trabajadores. Os explico, el “Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos”, dependiente de la Consejería de Educación, subcontrataba este servicio de apoyo. Un servicio de apoyo, que según denuncian los trabajadores, entre otras cosas, se pagaba a 4 euros la hora, estos trabajadores no contaban con vacaciones y encadenaban contratos por obra y servicio, siendo despedidos al llegar el fin de curso.

Y en una de las sentencias el Magistrado dice que se trata de una "maniobra de ingeniería" en la que "ganaba la Consejería en tranquilidad y eficacia, ganaba la empresa adjudicataria unos pingües beneficios y perdían los trabajadores, que veían cómo cobraban casi la mitad de lo que cobrarían de depender directamente de la Consejería; y aún así, en un ejercicio de estoicismo que solo puede entenderse en el contexto de crisis en el que nos hallamos, trabajaron y callaron hasta el año 2013, cuando empezaron a ni siquiera cobrar con puntualidad".

Y es que, según parece, las empresas concesionarias percibían por cada hora de trabajo 8 euros, abonando a los trabajadores 4, ¡menudos beneficios! Y ahora resulta que a estos trabajadores las sentencias les reconocen el derecho a adquirir la condición de empleados indefinidos discontinuos, a tiempo parcial, de la Consejería de Educación, que debería readmitirlos, con abono de salarios de tramitación, o indemnizarles, conforme a este reconocimiento.

Así las cosas, aquí tenemos una chapuza más de la Junta, que ha permitido que diversas empresas (e imagino que no solo empresas) se hayan enriquecido a costa de esta forma de contratar, ¡y no pasará nada! Y nadie dimitirá… Así funciona la izquierda, se les llena la boca hablando de los derechos de los trabajadores pero luego los explota, igual que los sindicatos, que despiden trabajadores aplicando la reforma laboral contra la que se manifiestan. ¿Y ahora la Presidenta dirá que los jueces también están contra los andaluces?