LA FIRMA DE LA VERGÜENZA

El sábado el máximo representante de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Presidente de la Generalidad, Artur Mas, firmaba la convocatoria de referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir perteneciendo a España y constituirse en un nuevo estado.

El sábado se materializó la firma de la vergüenza, de la traición, de la deslealtad al estado al que Mas representa, aunque bien es verdad que Artur Mas no ha hecho nada que ya no se supiera, pues el programa electoral de ‘Convergencia i Unió’ decía en su página 13 que “el próximo Gobierno de la Generalidad impulsará una consulta en la próxima legislatura para que el pueblo de Cataluña pueda decidir, libre y democráticamente su futuro colectivo”; y en el siguiente párrafo añadían que la consulta se hará conforme a la legalidad y con toda la legitimidad democrática. Y esto último es lo que se han saltado a la torera, puesto que la convocatoria de referéndum no se ha hecho conforme a la legalidad vigente y carece de legitimidad democrática. Primero porque la Ley no faculta al presidente de una comunidad autónoma a convocar un referéndum de estas características y segundo porque la decisión sobre lo que es o deja de ser España corresponde a los españoles, a todos, no a una parte.

A los defensores de la consulta separatista se les llena la boca diciendo que el pueblo catalán tiene derecho a decidir, que tienen derecho a ser escuchado y a opinar…, eso queda muy bonito, parece muy democrático, pero no deja de ser una falacia, porque, como hemos dicho, la soberanía reside en el pueblo español, en sus ciudadanos, en todos, y son todos los que han de decidir el futuro de esta Nación. Así de fácil.

Por otro lado, estos días estamos asistiendo a numerosas críticas dirigidas al Gobierno de Mariano Rajoy, por su inacción, por no hablar claro…, críticas que yo también le he hecho en otras ocasiones, pero ¿qué puede hacer el Gobierno? Es cierto que tiene la opción del artículo 155 de la Constitución, pero, ¿qué dice este artículo?:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Visto este artículo el Gobierno no tiene que suspender la autonomía catalana, bastaría con anular, con la mayoría absoluta del Senado, la convocatoria de ese referéndum. Así de fácil.

Veremos qué ocurre. Las presiones, en uno y otro sentido, son muchas y el Gobierno, por una vez, debería actuar rápida y diligentemente. Han sido muchos años perdidos, se ha regalado a Cataluña la facultad de “educar en el nacionalismo” a varias generaciones, mucha gente en Cataluña está convencida de eso de que “España nos roba” (entre otras muchas mentiras), y cambiar esa forma de pensar va a ser muy complicado. Veremos.