Compartimos el Manifiesto de El Club de los Viernes
contra la independencia de Cataluña. Ante la pretensión del Gobierno autonómico
de Cataluña de realizar un referéndum secesionista el 1 de Octubre de 2017,
el Club de los Viernes como
plataforma comprometida con la defensa de los derechos civiles, manifiesta:
1. No existe el derecho de secesión autonómica.
El supuesto derecho de autodeterminación que se pretende aplicar en Cataluña no
tiene sustento legal. Es un intento de imponer a los habitantes de una
comunidad autónoma, un régimen estatal basado en los intereses políticos de una
minoría. El método empleado, el pseudo-referéndum, es irrelevante; podría
optarse por elegir una asamblea constituyente, suspender el parlamento
autonómico o por un golpe de estado. Un gobierno que abandona la legalidad
rompe los límites que impiden su deriva hacia el totalitarismo.
2. En Cataluña hay un ambiente de opresión hacia
todo aquel que cuestione cualquier aspecto de la ideología
Nacional-Catalanista. La deriva de una parte de la población catalana hacia
postulados segregacionistas y excluyentes, basados en una visión identitaria,
no se debe a una deriva social. Responde a un largo proceso de ingeniería
social. Proceso que ha sido conscientemente desarrollado, alentado y estimulado
por los sucesivos gobiernos autonómicos. El actual desafío secesionista es solo
la punta del iceberg de un problema mucho mayor: la intromisión del gobierno en
la vida de los ciudadanos para lograr su transformación ideológica para satisfacer
los intereses políticos de una minoría. Eso está muy lejos de lo que se debería
entender por una verdadera democracia.
3. Tras el hundimiento del nacionalismo
catalanista en un mar de corrupción, el proceso secesionista está ahora
liderado por corrientes populistas de orientación neocomunista, que ven en la
secesión una oportunidad única de hacerse con el control del aparato estatal.
Los movimientos populistas, de vocación revolucionaria y totalitaria, sólo
necesitan que los ciudadanos se equivoquen o adopten una posición neutral una
sola vez. Alcanzado el poder por el populismo, su apropiación de la maquinaria
estatal y sus posteriores medidas de adoctrinamiento, ingeniería y control
social, hacen que el proceso sea difícilmente reversible. La Venezuela de los
últimos años es un claro ejemplo de ello. Una vez abandonado el cauce legal y
conseguido el poder, es ingenuo pensar que la legalidad democrática vaya a ser
reimplantada por aquellos que hacen del desprecio a la ley su modus operandi.
4. Desde una óptica liberal es discutible el derecho
de autodeterminación de cualquier grupo humano. Pero siempre se ha de
anteponer el derecho a la libertad. Derecho, este sí, indiscutible. Todos
aquellos que no comulgan con el nacional-catalanismo ven hoy sus libertades
civiles gravemente restringidas, pese a tratarse de un gobierno autonómico con
competencias limitadas. Pero lo estarán mucho más si un gobierno
plenipotenciario alcanza el poder mediante un procedimiento ilegal. La secesión
no es una liberación del estado, sino la creación de otra megaestructura
estatal. Nunca se vio que la solución a un problema fuese su multiplicación.
5. Somos 47 millones de ciudadanos españoles. 47
millones de ciudadanos en quienes reside la soberanía nacional y que habitamos
a lo largo y ancho de España. No existe ninguna razón objetiva para que una
parte de estos 47 millones de ciudadanos, vean conculcado sus derechos por el
simple hecho de residir en una u otra región española. El lugar de residencia
no otorga derechos específicos, ni derechos diferenciales, y mucho menos
derechos identitarios. Pretender que el lugar de residencia otorgue a las
personas derechos diferenciales sobre la base de una supuesta identidad como
"pueblo", es caminar hacia una ideología identitaria, supremacista y
excluyente.
En vista de todo lo anterior, el Club de los
Viernes manifiesta su absoluto rechazo a la convocatoria del
pseudo-referéndum secesionista en Cataluña, por considerarlo no solo ilegal,
sino atentatorio contra las libertades civiles del conjunto de ciudadanos
españoles y, muy especialmente, contra las de aquellos que actualmente residen
en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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