Estos
días se ha puesto en la picota al Tribunal Constitucional (TC), consecuencia de
la sentencia en la que se legaliza a Sortu, partido político proetarra que
había sido ilegalizado por el Tribunal Supremo, en sentencia firme.
Además,
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha realizado unas
declaraciones que merecen atención, pues propone la dirigente del Partido
Popular la eliminación del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en una sala
del Tribunal Supremo.
Y,
como casi siempre, no puedo estar más de acuerdo con la Sra. Aguirre. El TC, por su
naturaleza y forma de elección de sus miembros, está abierto a presiones y
manipulaciones con el objetivo de que dicten sentencias que interesen a
determinados políticos o vengan bien a determinado proceso, como el que existe
actualmente de negociación y rendición ante ETA.
Aunque
los miembros del TC no son políticos, sí son elegidos por éstos y, por lo
tanto, están más predispuestos a las presiones políticas y a la devolución de
favores. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo, en su mayor parte,
llegan a sus puestos después de una dilatada experiencia en la carrera judicial
y por razones de méritos y capacidad.
Además,
los jueces y magistrados de nuestro País son garantes de aplicar las leyes y,
en las mismas, entra la Constitución, por lo que se supone que los miembros de
la carrera judicial ya velan por el cumplimiento de la Carta Magna. Y para los
casos en los que se tuviera que revisar algún proceso, bastaría con que una Sala
del Tribunal Supremo hiciera esta labor y adecuara lo sentenciado a la
Constitución.
Lo
que no es admisible es que el TC se haya convertido en un tribunal de
instancia, y que en cuestiones de interés político se dediquen a revocar
sentencias del Supremo y a sentenciar conforme a los intereses de los políticos
de turno.
España
en este ámbito, para variar, precisa de una reforma seria y rigurosa, pues
además de la mala imagen que se da a los ciudadanos, también la estamos dando
al resto del mundo.
