PURA HIPOCRESÍA SOCIALISTA

Cualquiera que esté un poco pendiente de la actualidad conoce de los desmanes de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía, pues el sindicato se ha dedicado a engañar y a no dar el destino correspondiente a muchas de las subvenciones recibidas. Algo que conforme a la legislación vigente debería conllevar sanciones.

Pero parece que no va a ser así, parece que la Junta de Andalucía no va a sancionar a la UGT por sus infracciones. Infracciones que han sido admitidas por la propia Junta de Andalucía y entre las que están la no presentación de la documentación necesaria para justificar las subvenciones recibidas y el falseamiento de actividades como las comidas de la feria de Sevilla, entre otras muchas cosas.

Y es que la Junta de Andalucía ha iniciado procedimientos que han conllevado la devolución de subvenciones otorgadas, pero que en ningún caso han supuesto la apertura de un expediente sancionador, como debería haber sido, procedimiento, además, que es perfectamente compatible con la revisión administrativa e, incluso, con la vía penal.

Conforme a la Ley General de Subvenciones, la UGT de Andalucía podría ser sancionada con una multa de entre el doble y el triple de lo recibido indebidamente, además, cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000 euros, la sanción conllevaría la pérdida, durante un plazo de 5 años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la administración u otros entes públicos.

Pero el Gobierno de Dª Susana Díaz no sanciona, al revés. En los presupuestos del 2014 se le ha consignado a la UGT de Andalucía 2,8 millones de euros, entre otras partidas. Ahí queda eso.

Por eso la actitud de la Presidenta de la Junta, llamando a luchar contra la corrupción y abanderando la transparencia me da la risa, porque es mentira, porque todo continúa igual. El PSOE andaluz no sancionará a la UGT y mientras les obliga a devolver subvenciones por un lado, se las estará concediendo por el otro. Pura hipocresía socialista.

EL IMPUESTO DE LOS POBRES

Dentro de siete días unos cuantos afortunados estarán de resaca, después de haber sido agraciados con alguno de los premios del sorteo extraordinario de lotería, que cada 22 de diciembre, da el pistoletazo de salida al comienzo de las fiestas de Navidad. Y es que se puede decir que la Navidad empieza el día 22 de diciembre, con la “música” del sorteo, más este año que cae en domingo, por lo que en casi todas las casas se escuchará como se van  repartiendo los premios.

Siempre me ha llamado la atención ver como abren los telediarios ese día, con multitud de personas celebrando los premios a las puertas de las administraciones de lotería; pero lo más curioso es que los que más celebran, los que más cava beben, muchas veces son simples vecinos del barrio a los que no les ha tocado nada, y es que parece que hay quien se pone muy contento cuando se entera que la lotería ha tocado en su calle, aunque no le haya tocado a él. Curioso.

Es verdad que los premios de la lotería de navidad normalmente están muy repartidos, por lo que repercuten en la economía de la localidad agraciada, ¡los concesionarios de coches de la zona hacen su agosto! y de igual forma el de la tienda de jamones, de televisores y la juguetería, entre otras…

Pero si nos paráramos a pensar en la probabilidad de que toque un premio importante, en este o en los demás sorteos, posiblemente no jugáramos; y es que el que realmente hace negocio y al que le toca la lotería en cada sorteo es al Estado (y a Cataluña), ¡que para eso lo organiza!

Como hace tiempo le escuché a un amigo, la lotería es el impuesto de los pobres, un impuesto que casi todos pagamos, con la ilusión de dejar de ver el rojo en nuestras cuentas.

¿CÓMO SE VAN A FIAR LOS EXTRANJEROS DE ESPAÑA?

El proyecto Eurovegas ha fracasado, la sociedad Las Vegas Sand anunciaba que abandonaba el proyecto tras la negativa del Gobierno de España a aceptar las condiciones que imponía la empresa del magnate del juego Sheldon Adelson para instalarse en nuestro País.

Y es que el empresario norteamericano pretendía blindar sus inversiones ante futuros cambios legales, Las Vegas Sand quería establecer una serie de indemnizaciones, muy elevadas, que les serían abonadas en el caso de que un futuro gobierno (central, autonómico o local) aprobase nuevas leyes que afectasen a la rentabilidad de la inversión.

Yo siempre he sido un defensor de este proyecto, de hecho ya traté este tema en Desde el Caballo de las Tendillas, al pedir que Eurovegas viniera a Andalucía. Y al final parece que recalará en oriente, aunque no se ha precisado la nueva ubicación del proyecto.

El Gobierno, por su parte, argumenta que lo que se pretendía iba en contra de la legislación comunitaria, por lo que en ningún caso habría sido posible. Y digo yo, si el Gobierno tenía la seguridad de que Europa no aprobaría el proyecto, ¿por qué no han dejado que sea Bruselas la que se lo cargue?

El caso es que en este tema veo un trasfondo que me preocupa, y es que estos inversores no se fían de España, no nos consideran un País seguro para invertir y, por lo tanto, quieren imponer unas condiciones para asegurarse su inversión. No voy a entrar a valorar si el Gobierno ha hecho mal o bien, en esto no lo voy a criticar porque no tengo capacidad de juicio, pero es muy triste que Las Vegas Sand nunca haya exigido estas condiciones en los demás países en los que ha invertido y sin embargo sí lo hagan con España, da que pensar.

Y en este tema tampoco han ayudado determinados políticos, al anunciar cambios legislativos si accedían a determinadas instituciones, con la finalidad de perjudicar el proyecto.

Esto es lo que me preocupa, el cómo nos ven los inversores extranjeros, parece que no se fían de los políticos españoles y nuestro sistema no les da seguridad para jugarse su dinero. Y es normal, si los españoles no nos fiamos, ¿cómo se van a fiar los extranjeros de España?

QUIEN HACE LA LEY HACE LA TRAMPA

Ayer mi querida Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España, ya sabéis mi opinión sobre esta señora, presentaba la futura  ley de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que se inserta dentro del “plan de regeneración democrática”, y que responde al compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción. Y digo yo, ¿los políticos han de liderar un plan de regeneración democrática?, yo creo que no, creo que eso lo hemos de liderar los ciudadanos, la sociedad civil. Aunque he de aplaudir la iniciativa porque, al menos, denota que los políticos son conscientes de la corrupción que asola a la clase política.

Y según el Gobierno, el anteproyecto de Ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos presenta como principal novedad la prohibición de donaciones de personas jurídicas. En palabras de la Vicepresidenta, “entendemos que cuando la donación la hace una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política, de compromiso, por afiliación, simpatía o convicción inherente a la libertad individual de los ciudadanos. Por tanto, entendemos que ese tiene que ser el cauce lógico de financiación”.

Bien, se prohíben las donaciones de personas jurídicas, pero lo han dejado fácil, la persona jurídica se busca a personas físicas que hagan esas donaciones y ya está. Y además no quedará constancia de quien es el que realmente hace las aportaciones.

Otra de las propuestas a incluir en esa futura Ley es que las entidades de crédito no podrán condonar los créditos, de cualquier cuantía, que tengan con los partidos políticos. La vicepresidenta ha concretado que se entiende por condonación "las cancelaciones totales o parciales del principal del crédito o las renegociaciones de los tipos de interés por debajo del precio de mercado".

Muy bien, volvemos a lo mismo que antes, ¿quién impedirá entonces que una entidad financiera “se olvide” de pasar al cobro el préstamo de determinado partido político? Al final prescribe y ya está, tema solucionado.

Lo dicho, que quien hace la ley hace la trampa, y que si estas son las medidas para acabar con la corrupción mal vamos. Creo que se conseguiría mucho más contra la corrupción cambiando la ley electoral, con listas abiertas o circunscripciones unipersonales, dando el poder a los ciudadanos de elegir directamente y conociendo a los políticos.

UN REFERÉNDUM PARA NADA

¡Albricias! Ya tenemos pregunta para el referéndum que quiere convocar la Generalidad de Cataluña, parece que ya se han puesto de acuerdo los dirigentes de CIU, de ERC, de Iniciativa y de las CUP para que el pueblo de Cataluña se pronuncie en un referéndum sobre su futuro ‘nacional’.

Y la pregunta, para los que todavía no lo sepan, es ‘¿Quiere que Cataluña sea un Estado?’ y si se responde afirmativamente se debe contestar a otra pregunta, a saber, ‘¿Quiere que ese Estado sea independiente?’. O sea, que se puede dar el caso de que se responda afirmativamente a si se quiere que Cataluña sea un Estado y se diga que no a que ese Estado sea independiente.

Y digo yo, uno puede querer que Cataluña sea un Estado, ¿pero cuándo?, es decir, ¿cuándo se concretaría ese Estado?, ¿y si la primera pregunta es afirmativa  y la segunda negativa?, que lío, ¿no?

Y respecto a la segunda de las preguntas, Estado independiente ¿de qué, o de quién?, imagino que de España, ese Estado invasor que está contra Cataluña. Pero a lo mejor también podrían querer ser un Estado independiente de la Unión Europea y de la OTAN, ¡ah no! que de la Unión Europea y de la OTAN quedarían excluidos automáticamente en el momento de separarse de España. Además, ¿qué consecuencias jurídicas tendría el referéndum?, la única sería conocer el número de catalanes que quieren que Cataluña sea un Estado independiente.

Sinceramente lo que creo es que esta pregunta es una mentira, igual a la mentira de su nacionalismo, un nacionalismo de pacotilla, un nacionalismo para vivir del cuento y para aprovecharse de la sociedad catalana. Y digo que la pregunta es una mentira porque no concreta nada; sí, podrá ganar el sí a querer ser un Estado, podrá ganar el sí a querer ser un Estado independiente, ¿y?, ¿después del referéndum qué? Porque del referéndum se podrá obtener un sí rotundo pero que no sirva para nada. Me parece a mí que este es un paso más en el engaño del nacionalismo, que solo quiere chantajear al Estado para lograr un nuevo concierto económico y otras prebendas, en definitiva, proponen un referéndum para nada.

MÁS DERECHOS Y MENOS OBLIGACIONES

Esta semana se ha debatido en el Congreso de los Diputados una propuesta del Parlamento Vasco para que los diputados autonómicos puedan cotizar a la Seguridad Social como cualquier trabajador y que, por tanto, el tiempo que pasen en las instituciones compute para la prestación por desempleo; propuesta que ha sido rechazada por la Cámara Baja con los votos del Grupo Popular. Los proponentes de la iniciativa destacaron la necesidad de evitar diferencias entre los políticos y el resto de ciudadanos. Por cierto, qué poco eco ha tenido esta noticia en los medios de comunicación, me enteré de la misma de rebote escuchando una tertulia de Onda Cero radio.

¿Y ante esta propuesta qué dijeron nuestros representantes? Pues hubo un poco de todo. Por un lado el Partido Popular, que votó en contra de la moción, argumentando que no podía dar su apoyo a esta propuesta porque "no se puede pretender que los diputados tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena porque no lo son", ya que su vínculo con la institución no es laboral.

Y por otro lado los que votaron a favor, todos los demás. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Emilio Olabarria, indicó que hay que normalizar la situación de los políticos, "somos trabajadores como los demás y nos merecemos lo que se merecen los demás, ni menos”. La portavoz del PSOE, por su parte, dijo que es necesario "ir acabando con el populismo barato" y dijo que es "de justicia" el objetivo de la iniciativa de normalizar la actividad política.

También se mostró favorable a la medida Unión Progreso y Democracia, pero con matices, incluso son partidarios de que se amplíe también a diputados y senadores, pero con la supresión de los privilegios de los que gozan nuestros políticos.

Yo me alegro de que no haya sido aprobada esta propuesta, pues creo que los miembros de las asambleas autonómicas y los diputados y senadores ya tienen demasiadas prebendas, y me alegro porque pretendían incorporar la cotización a la Seguridad Social y, por lo tanto, el desempleo a sus derechos, sin quitarse ninguno de los privilegios que atesoran. En todo caso que hubieran aprobado la propuesta de UPyD, equiparándose a cualquier trabajador por cuenta ajena, sin privilegios.

Vivimos en un país en el que un sector de trabajadores, los autónomos, no tienen derecho a paro, porque no tienen una relación laboral por cuenta ajena y sin embargo los políticos quieren otorgarse ese derecho, cuanto menos curioso. Un claro ejemplo de que lo que pretenden es profesionalizar la política y agarrarse bien a la poltrona, acaparando cada día más derechos y menos obligaciones.

PREGÚNTENLE A CUALQUIER PARADO

Andalucía es una de las regiones europeas en la que el desempleo es más elevado, por no decir la que más. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 20013, el 36,4 % de los andaluces se encuentra en situación de desempleo, alcanzando tasas desorbitadas entre los menores de 25 años.

Cualquier persona sensata, teniendo en cuenta el 1.064.114 de personas inscritas en las listas del INEM en Andalucía, pensaría que la administración andaluza se vuelca con los desempleados, preocupándose de su formación, de mejorar el currículum vitae de cada uno de los parados y tratando de fomentar la búsqueda activa de empleo y la creación de empresas, pero nada más lejos de la realidad.

Ayer publicaba la prensa andaluza que el Partido Popular ha denunciado que la Junta de Andalucía mantiene una "opaca" red de observatorios sobre empleo, que "ni funcionan si solucionan" y que, además, a juicio de los populares, "es cara y está sobredimensionada". Dicen en el PP que "algunos son proyectos falsos, virtuales, supuestamente diseñados para crear empleo, pero que ni el propio Gobierno andaluz sabe a qué se han dedicado".

Y no solo en lo referido a los observatorios sobre el empleo, de los que es la primera vez que oigo hablar. Y es que si se pregunta a cualquier desempleado andaluz (seguro que todos tienen uno cerca), éste le podrá explicar su experiencia en el paro. Primero porque cuando uno va a apuntarse al paro es recibido en unas oficinas colmadas de gente, en regular estado y con un personal que está desbordado y que, por lo tanto, como mucho, te pone una sonrisa, pero poco más puede hacer por el parado. Y segundo porque este parado te dirá que no ha recibido ninguna llamada del Servicio Andaluz de Empleo interesándose por su experiencia, currículum o para asesorarle sobre como afrontar el desempleo. El parado tendrá la sensación de que lo dejan “a la buena Miguel”, tirado, sin que preocupe su situación y su futuro.

Luego el parado se entera de que existen unas oficinas llamadas “Andalucía orienta”, en las que supuestamente te asesoran sobre como encontrar trabajo, como mejorar el currículum y te aconsejan sobre cursos y te facilitan datos de empresas a las que visitar, entre otras cosas. Pero también se entera que la Junta ha recortado ese programa y que en Córdoba capital, por ejemplo, las oficinas del “Andalucía orienta” del IMDEEC, de CECO y de Fundecor han de echar el cierre por falta de fondos, e imagino que igual en el resto de Andalucía.

Pues eso, que a los políticos (y aquí incluyo también al gobierno de la nación) se les llena la boca hablando de ayudas al desempleado, de programas para asesorar al parado, pero de eso nada de nada, pues nadie hace nada por el parado, o se busca él la vida o no sale del desempleo. Da la sensación de que las políticas de empleo están sirviendo para hacer muy ricos a algunos (y no miro a nadie). Pregúntenle a cualquier parado.