El hecho de que un ayuntamiento alquile un local durante diez años,
pagando una renta de 5.000 euros al mes por el mismo y que este local esté
cerrado, sin darle ningún uso, debería ser una razón “per se” para comunicarlo
a la fiscalía y que ésta abriera unas diligencias, al objeto de investigar lo
ocurrido y determinar por qué se ha actuado de esta manera.
Esto es lo que ha ocurrido en la ciudad de Córdoba. Resulta que el
Ayuntamiento en el año 2009 suscribió un contrato de arrendamiento de local (el que aparece en la fotografía),
por un período de diez años, hasta 2019, local comercial que no tiene uso y que
es más, jamás ha sido utilizado desde que se rubricó el contrato mercantil con
la propiedad, tal y como informaba ayer El Día de Córdoba.
¿Y cuánto nos cuesta a los cordobeses? La cuenta es muy sencilla, 60.000
euros anuales en alquiler, que multiplicado por diez años hacen un total de
600.000 euros, sin tener en cuenta las variaciones del I.P.C. ¿Y quién va a
responder por esto? ¿A quién se le exigen explicaciones? ¿No es de juzgado de
guardia? Creo que debería ser investigado y no quiero pensar que esta actuación
haya sido para “llevárselo calentito”, algo tan de moda entre nuestra clase
política y demás miembros de la casta.
Y mayor es el enfado cuando esta misma semana el Diario Córdoba ha
publicado que, el propio Consistorio cordobés, tiene innumerables inmuebles
cerrados, sin darles uso, deteriorándose, ¡y encima tenemos que pagar
alquileres para nada! Como decía la noticia, el caso del edificio de la antigua
prisión, convertido en centro cívico, en el que la anterior Corporación
invirtió un millón de euros, y que está siendo laminado por el vandalismo, el Colegio
Rey Heredia o la antigua Facultad de Magisterio, por no seguir…
Esta es la gran gestión de la izquierda en Córdoba. La ruina que nos han
dejado entre comunistas y socialistas, para que ahora se dediquen a dar
lecciones de moral y gestión pública, cuando la ruina que tenemos encima, en
gran parte, es responsabilidad de su desvergüenza.
