Leo
en el periódico La Razón la siguiente noticia: “El TSJ de Cataluña reconoce el
derecho a ser escolarizados en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de cuatro familias a que sus hijos
sean escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza”.
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| Campaña defendiendo la escuela en catalán |
Cualquiera
que no conozca la realidad que se vive en Cataluña podría pensar que existen problemas entre el catalán y el castellano. Y los problemas, por lo general, sólo
se presentan cuando un castellanohablante pretende relacionarse con la
administración y otros entes institucionales, donde el catalán es la lengua
exclusiva, por imposición de los políticos.
En
el día a día de Cataluña, entre los ciudadanos normales, ambas lenguas se
mezclan y se utilizan a la vez, no es raro que entre dos conocidos uno hable en
catalán y el otro conteste en castellano, y no pasa nada.
El
problema viene cuando una persona solicita en una administración un formulario
en castellano o que en el proceso del que sea parte desea que la lengua que se
use sea la de Cervantes, en esos casos sí comienzan los impedimentos y las
trabas.
Y
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es muy importante,
porque reconoce un derecho fundamental de todos, recogido en la Constitución,
el derecho de todos los españoles a conocer y usar el castellano (artículo 3).
Por eso espero que el Gobierno central y la Justicia obliguen a la Generalitat
a dar el derecho a poder escoger el castellano como lengua vehicular en la
educación, a todos los niveles. Que cada familia tenga el derecho a elegir, sin
imposiciones de unos u otros, que cada uno pueda elegir la lengua en la que se
quiere relacionar con la administración. De esta libertad, del respeto a ambas
lenguas pueden aprender los políticos de los ciudadanos de a pie, pues en su
día a día la mayoría respetan y utilizan ambas lenguas.
Espero
que la sentencia no sirva sólo para enmarcarla.
