“Todos somos iguales ante la Ley”; a nuestros
políticos últimamente se les llena la boca con esta frasecita. Y es que
reclaman esta igualdad de trato ante los tribunales de justicia al referirse a
la imputación de la Infanta Cristina, exigiendo que esta reciba el mismo
tratamiento que recibiría un ciudadano normal, cuando saben que, en realidad,
todos los españoles no somos iguales.
Y todos los españoles no somos iguales porque los
políticos se han otorgado a sí mismo un estatus especial, el del aforado.
Nuestro País tiene el mayor número de aforados de las democracias europeas, con
unas diez mil personas con una protección jurídica especial por el mero hecho
de ostentar un cargo de representación. Aquí son aforados, entre otros,
nuestros diputados y senadores, los miembros de las cámaras autonómicas, el
presidente del Gobierno y los ministros; también son aforados los magistrados
de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas
y el Defensor del Pueblo. Sin olvidarnos del Jefe del Estado.
Por contraposición, en otros países europeos son
muchos menos los aforados. En Reino Unido y Alemania, donde no existe esta
figura procesal, en Francia, se limita al presidente de la República y a los
miembros del Gobierno; y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías
los presidentes de la República.
Por eso cuando escucho a políticos, de todo pelaje
y condición, apelar a la igualdad ante la Ley me entra la risa, porque ¿cómo se
puede hablar de igualdad desde la desigualdad? Personas que reciben a Su
Señoría en su despacho o en su casa para declarar, o a las que se les otorga el
derecho de hacerlo por escrito, ¿cómo tienen la cara dura de decir que todos
hemos de ser iguales ante la Ley?, ¿por qué no empiezan dando ejemplo y
eliminan los aforamientos? Mientras esto ocurre me seguirá dando la risa.
