La jueza Mercedes Alaya va a conseguir que casi
todos se pongan en su contra; por un lado los socialistas, por motivos obvios y
por otro lado los separatistas catalanes, por fastidiarles la cadena
independentista que montaron ayer, coincidiendo con la Diada de Cataluña. (Que
digo yo que podrían haber aprovechado los del Fairy la fila para intentar batir
su récord de limpieza de platos).
Y es que lo de la imputación de los ex presidentes
de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha levantado un
gran revuelo. Yo no voy a hablar sobre la imputación, pues desconozco el
proceso judicial abierto y, además, todavía no se ha llevado a efecto la misma,
ya que al tratarse de personas privilegiadas con un aforamiento por su condición
de políticos, la juez Alaya ha de ponerlo en su conocimiento previamente.
De lo que voy a hablar es de las responsabilidades
políticas frente a las judiciales, como ya hemos
comentado en otras ocasiones. Y
es que una cosa son las cuentas que se deban rendir ante la Justicia y otras
las que se deben rendir ante los ciudadanos, y de esto último en España tenemos
un déficit importante (bueno, y de lo primero también). Porque en cualquier
País con una democracia avanzada, con una sociedad civil fuerte, cualquier
político imputado en un caso de corrupción dimitiría de todos sus cargos; y me
limito a los casos de corrupción, no a cualquier tipo de imputación, como
debería ser.
Por eso Manuel Chaves y José Antonio Griñán deberían
dimitir de todos sus cargos, deberían apartarse de la política y de la vida
pública; igual que deberían hacer todos los políticos imputados por corrupción,
sean del partido que sean, vivan donde vivan. Y la ciudadanía debería ser
implacable, exigir las dimisiones y no votar a ningún partido que cuente entre
sus listas con personas imputadas. Mientras tanto tendremos que seguir
aguantando a imputados en las instituciones, y así se seguirá corrompiendo la
democracia.
