A LO MEJOR SE DEBERÍA HABER COMPARADO CON HITLER

Hace unos meses el portavoz de la Generalidad de Cataluña, Francesc Homs, amenazó en rueda de prensa con elaborar un listado de periodistas y medios críticos con el proceso separatista iniciado en Cataluña y si bien el consejero del ‘Govern’ posteriormente lo negó, el pasado lunes se dio a conocer el informe del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en el que se acusa a varios periodistas de fomentar el odio a los catalanes, a Cataluña y a las instituciones catalanas y amenaza con adoptar las "acciones que considere oportunas", tanto penales como administrativas.

El Consejo Audiovisual de Cataluña cuenta con seis consejeros, tres de CIU, dos del PSC y uno del PP, todos ex diputados del Parlamento catalán y ninguno de ellos vinculado al periodismo. Y este informe ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente, de CIU, tras producirse un empate a tres.

El objetivo de dicho informe, según indica el propio CAC es el de "detectar contenidos que hagan apología de la violencia ante planteamientos políticos democráticos sobre los diferentes modelos de organización política de Cataluña y de relación con el Estado español o que relacionen la sociedad, las instituciones o los procesos políticos de Cataluña, incluidas las personas que forman parte, con movimientos, regímenes o actitudes totalitarias".

Entre las cuarenta y tres infracciones detectadas por el informe, el que se lleva la palma es Federico Jiménez Losantos, director de la mañana de EsRadio y Presidente de Libertad Digital; pero también afecta a Alfonso Merlos, de 13 TV y Xavier Horcajo, de Intereconomía TV y llega a incluir a tertulianos de diversos medios, como Gabriel Albiac y Hermann Tertsch (columnistas de ABC), Inés Arrimadas (diputada autonómica de Ciudadanos) y al periodista José Antonio Sentís.

A esto se dedica la Generalidad de Cataluña, a señalar, a marcar a los que ellos creen que no se portan bien y no dicen lo que consideran adecuado para Cataluña y los catalanes, da igual que sean catalanes de nacimiento o de adopción, eso les importa poco porque lo que atacan es una conducta, atacan una forma diferente de pensar y ver las cosas. Esta semana Artur Mas se comparaba con Gandhi, a lo mejor se debería haber comparado con Hitler.

SOBRE EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA. SOBRE SUS MIEMBROS E INDEPENDENCIA

El pasado viernes tuve una agradable discusión vía Twitter con la dirigente socialista María Gámez Gámez (@Maria2Gamez), Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga y vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE. Como creo que es de interés reproduzco los mensajes que nos remitimos, el primero fue de la Sra. Gámez:

• @Maria2Gamez. “El PP impone en TVE el modelo Telemadrid: sustituye a Fran Llorente por un comisario político de Aguirre”.
• @Catalega. “De verdad todos ustedes son iguales. ¿De Canal Sur no dice nada? Ataco lo del PP y lo mío no.
• @Maria2Gamez. “Deberías leer los informes del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre pluralismo político antes”.
• @Catalega. “Si claro. Un organismo de ustedes para ustedes. Si todos hacen lo mismo, criticar a los de enfrente sin mirarse al espejo”.
• @Maria2Gamez. “Por último, no me queda que aconsejarte lectura de la composición del Consejo, aunque algo me dice que te da igual”.

Y resulta Sra. Gámez que no me da igual, ha pinchado en hueso. Además, su actitud de superioridad, con ese “aunque algo me dice que te da igual”, dice muy poco de un representante de los ciudadanos, además, como le dije en otro mensaje, nadie nos ha presentado para que me tutee.

Pero bueno, vamos a lo que vamos, he analizado la composición del Consejo Audiovisual de Andalucía  - CAA -  (www.consejoaudiovisualdeandalucia.es). Conforme a su Ley de creación, Ley 1/2004, este organismo está formado por 11 miembros, elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento de Andalucía y nombrados por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos por un mandato más, de otros cinco años. De sus 11 miembros actuales 6 lo son a propuesta del PSOE, 4 del PP y 1 de IU. Y si bien es verdad que el currículum vitae de sus miembros es extenso e importante, también es verdad que la mayoría de ellos están muy vinculados a los partidos políticos que los han propuesto y, en definitiva, nombrado.

Y lo siento mucho, pero la vinculación política para este organismo no es buena, no es lógico que el CAA tenga políticos entre sus miembros, y esta vinculación existe. La actual Presidenta del Consejo, Dª Emelina Fernández Soriano, fue Senadora del PSOE. D. Isidro Javier Cuberos González, propuesto por el PP, fue Jefe de Prensa del PP en Andalucía y Director de Comunicación del Ministerio de Trabajo con Javier Arenas. Además he encontrado vinculación política de otros consejeros, el Sr. Cervantes Bolaños miembro de UGT y muy vinculado al PSOE, la Sra. Cruces Roldán, vinculada al PSOE y el Sr. Castro Maldonado muy relacionado con Izquierda Unida.

Pero lo que más me ha llamado la atención analizando el CAA han sido las noticias que salieron a la luz en 2008 y 2009, sobre facturas de 24.000 € de comidas por parte de consejeros del CAA nombrados por el PSOE e IU (http://www.libertaddigital.com/sociedad/el-cac-andaluz-no-da-las-pruebas-de-las-mariscadas-socialistas-para-preservar-la-intimidad-1276353887/). Este tema sí que es serio y que 4 consejeros nombrados a propuesta del PSOE continúen en esos cargos después de esta polémica deja en muy mal lugar a este organismo.

Después de haber analizado la composición del CAA y la vinculación de sus miembros a los partidos políticos no me queda más que decir que este organismo es inútil y que obedece a intereses políticos. Sólo hay que leer los informes elaborados y los votos particulares, en los que se observa que cada uno "tira pasa su lado". Y seguramente, más de un consejero, pretenderá seguir viviendo de la administración cuando finalice su cargo, por lo que deberá hacer méritos con el partido de turno.

Además, creo que la mayoría de las funciones del CAA podrían ser realizadas por los tribunales de justicia, la protección de menores, el control del pluralismo, de los contenidos discriminatorios, que la publicidad cumpla con las normas y leyes establecidas, podrían tutelarse por los juzgados, que seguro lo harían con más objetividad y nos resultaría mucho más económico.