1. Hay que revitalizar y fortalecer la Sociedad Civil,
que debe ser la protagonista de la regeneración democrática
que necesita
España y de su reestructuración política, social y económica. Queremos abrir un
debate y motivar a
los
ciudadanos para que ejerzan la soberanía que les corresponde. Con
esta finalidad, todas las actividades de
nuestra Red se
llevarán a cabo dentro de la Ley. Todo de forma pacífica y moderada. No
aceptamos la pasividad y
la resignación
ante esta España que no nos gusta. Ha llegado el momento de ponernos en marcha
hacia la España
del bienestar
para todos.
2. Es urgente racionalizar y modernizar el Estado para
que esté al servicio de los ciudadanos, cumpliendo sus
obligaciones
eficientemente, al menor coste posible. Como no es sostenible seguir
funcionando con 17 ruinosas
Autonomías, queremos
un Estado Unitario que garantice la igualdad de todos los españoles tanto en
derechos
como en
oportunidades y obligaciones, pero respetando, en sus justos y ponderados
términos, los hechos
diferenciales
existentes en nuestra nación que sean compatibles con nuestra condición y con
nuestra vocación de
Estado miembro
de la Unión Europea. Los tres poderes del Estado —legislativo, ejecutivo y
judicial— deben estar
rigurosamente
separados, pues es antidemocrático y perverso que uno de ellos invada y
avasalle a los otros. Los
funcionarios
al servicio del Estado deben ser seleccionados mediante oposiciones
transparentes con temarios
únicos para
toda España y deben poder servir en toda España sin ningún tipo de
limitaciones.
3. No podemos mantener entidades o instituciones
duplicadas o triplicadas y mucho menos inútiles, como el
actual Senado.
Cada función o competencia corresponderá a una sola Administración y a una sola
institución.
4. España necesita renovar en profundidad su actual
clase política y prescindir del régimen partitocrático que
asfixia el
progreso y desarrollo de la nación. La pasividad y la impotencia que
manifiestan los partidos políticos no
deben bloquear
el cambio indispensable que demandan los sectores más lúcidos y dinámicos de la
Sociedad Civil.
La vigente Ley
Electoral impide que los ciudadanos podamos elegir directamente a nuestros
representantes y
autoridades. Creemos
que el voto nominativo en distritos uninominales nos devolverá el poder y la
soberanía a los
ciudadanos,
que hemos de ser representados, en Las Cortes, por diputados que se deberán a
los votantes, no a los
partidos.
Queremos acabar con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que sólo
favorece a una partitocracia
institucionalmente
corrupta. El fuero del que gozan los parlamentarios debe ser efectivo
únicamente para actos y
dichos en sede
parlamentaria. Para delitos comunes cometidos por políticos, debe ser
competente la jurisdicción
ordinaria.
5. Los sindicatos, las patronales, los partidos
políticos y las fundaciones son organizaciones que deben ser
financiadas
por sus propios adherentes o militantes. El dinero de los españoles debe ser
utilizado con criterios de
eficiencia y con
sentido solidario, pero no puede ser malgastado en instituciones de carácter
privado, ni en
arbitrarias
subvenciones. En cambio, sí que debe potenciarse el crédito que se dirija
específicamente a crear
empleo y a mejorar
productividad.
6. El ejercicio de la política no debería ser una
profesión, sino una actividad transitoria. Los políticos deben
percibir los
sueldos correspondientes, mientras se mantengan en sus cargos, y cobrar las
prestaciones que les
correspondan de la
Seguridad Social, a la que deben haber cotizado, si no obtienen un
trabajo al abandonar la
actividad
política. Ningún político tendrá derecho a percibir ningún tipo de prestación
del Estado una vez
finalizadas
sus funciones, exceptuando aquellas situaciones en que la seguridad personal y
familiar pueda estar en
riesgo.
