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viernes, 28 de febrero de 2014

TODO PARA LA CASTA


Ayer se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal el conocido como ‘céntimo sanitario’ y que es un impuesto que han aplicado casi la totalidad de comunidades autónomas para financiar (supuestamente) la sanidad, recaudando en algunas hasta más de cuatro céntimos de euro por cada litro de carburante que repostábamos los ciudadanos.

Según informaba el diario ‘El Mundo’, el Tribunal de Justicia argumenta que la ley europea permite que los hidrocarburos puedan estar sujetos a impuestos indirectos distintos del impuesto especial armonizado establecido por dicha directiva, aunque para ello son necesarios dos requisitos que no se han cumplido en el caso español.

Por un lado el gravamen debe perseguir una o varias finalidades específicas y, por otro, debe respetar las normas impositivas que se aplican al resto de impuestos especiales y del IVA en lo que respecta a su aplicación, base imponible, liquidación y devengo.

Y es que en este caso la Justicia europea considera que España no ha cumplido ninguno de estos dos requisitos. En primer lugar la finalidad recaudatoria no es específica ya que ha sido creado para financiar competencias de las Comunidades Autónomas, para lo que ya existe la actividad fiscal ordinaria recogida en los presupuestos de cada Gobierno regional. "El aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica", argumenta la Corte de Luxemburgo.

También defiende que el hecho de que, en virtud de la norma nacional, este impuesto especial esté orientado a atender gastos en materia sanitaria no basta para considerar que tiene una finalidad específica ya que, si ese fuera el caso, "cualquier impuesto podría considerarse que también tiene una finalidad específica". Para considerarlo así el tributo "debería tener por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente”.

Esto es un ejemplo más de las chapuzas de nuestros gobernantes y demuestra las necesidades que tienen de sacar dinero de donde sea con tal de mantener el chiringuito que tienen montando. Todo para la casta.

Así las cosas, ¿cuánto se tardará en dar cumplimiento a esta sentencia?, porque comparado con la sentencia de la ‘Doctrina Parot’ ya van tarde. Según parece se han recaudado unos 13 mil millones de euros que se deberían devolver a los ciudadanos, pero ¿cómo se haría eso? Al final no nos devolverán nada. Todo para la casta.

sábado, 30 de marzo de 2013

LAS RESPONSABILIDADES QUE LAS ASUMAN LOS CIUDADANOS



Según se informaba esta semana el Gobierno va a obligar a los bancos a informar sobre las cláusulas suelo y techo en las hipotecas, con el objetivo de fortalecer la protección del deudor en relación con el banco, aunque no se limita (al menos de momento) el margen de variabilidad de los tipos, tal y como informaba Libre Mercado, el suplemento económico de Libertad Digital. Esta información quedará recogida en un documento en el que el cliente, de forma manuscrita, reconocerá que "ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados" del contrato de préstamo.

Veo bien que se adopten estas medidas, pues tal y como sentenció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente y efectiva frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y, por tanto, es contraria a la directiva europea de protección de los consumidores. Y ha tenido que venir este Tribunal europeo a sacarnos las vergüenzas.

Y aunque ya se estaban dando pasos para ampliar la información que reciben los Clientes, como la Circular del Banco de España para eliminar la letra pequeña, ha tenido que llegar esta sentencia para que el legislador español despierte, para que tome conciencia de una situación en la que los clientes, los ciudadanos, han sido maltratados con el consentimiento del legislador y del regulador bancario.

¿Y nadie va a asumir responsabilidades? Tenemos un Banco de España que ha permitido esta situación, que ha permitido una falta de información en los contratos hipotecarios, que ha permitido la comercialización de las preferentes, que ha permitido una mala gestión de la mayoría de cajas de ahorros. ¿Y no se van a asumir responsabilidades?

¿A qué se ha dedicado el Banco de España? ¿A qué se ha dedicado el Ministerio de Economía? Estas malas prácticas también han influido en la mala situación económica que vive España, pero como siempre nadie asumirá responsabilidades, bueno sí, las asumirán los ciudadanos, ¡como siempre!