SIN INTERFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Pues parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando a más intervencionismo, a más sometimiento a la administración, a más regulación, en definitiva, a menos libertad, algo de lo que ya carecemos... Y es que la irrupción de la izquierda radical en las administraciones está trayendo más recortes en la libertad. Y eso es lo que ha ocurrido con la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de suspender la concesión de licencias para alojamientos turísticos.

UNA VIDA SUBVENCIONADA

Mucho se ha hablado estos días del servicio de hostelería del Congreso de los Diputados. Resulta que la Mesa de la Cámara Baja está tramitando el concurso para la concesión de dicho servicio y las condiciones impuestas son, cuanto menos, curiosas.

Para empezar resulta que al servicio de bar y restaurante se le exige unos precios “económicos”, y lo económico llega a todos los productos incluso a las bebidas alcohólicas.

Por ejemplo, un gin-tonic Larios no podrá costar más de 3,45 euros, ni un cubalibre, más de 3,40 euros y una Copa de Ron Havana Club de 5 años 4,10 euros.  ¡Menudos precios!

Pero ahí no queda la cosa, no se trata de unas meras condiciones a una concesión, que en ese caso se podría entender, aunque no veo lógico que unas personas tan bien pagadas y con mejores dietas tengan derecho a esos precios, pero bueno… Lo que indigna, lo que ha enfadado a muchos ciudadanos es que para garantizarse estos precios “populares” el Congreso de los Diputados subvencione el servicio de restauración de nuestra cámara legislativa, con un total de 4.287.500 euros durante los años 2013 al 2017, a fin de que se puedan ofrecer esos precios.

Esto es lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, pero ¿y en los parlamentos autonómicos?, ¿y en el Senado? Imagino que el sistema es muy similar, por lo que no quiero ni pensar la millonada que se nos va al año en subvencionar las comidas y demás dispendios de nuestros políticos.

Y además se da la paradoja de que los diputados ya cuentan con ayudas para el ejercicio de sus funciones. Además de contar con todos los gastos de transporte abonados por el Congreso, los diputados de circunscripciones de fuera de Madrid cuentan con una “indemnización” de 1.823,86 euros mensuales, y los de Madrid de 870,56 euros al mes, más una tarjeta para gastos de taxi en Madrid de 3.000 euros anuales. Indicar que el sueldo mensual bruto de un diputado “raso” es de 2.813,87 €. Estos datos han sido extraídos de la página del Congreso de los Diputados.

Vistos estos importes, ¿necesitan nuestros diputados que se les subvencione también el servicio de comidas (y bebidas) del Congreso?

España no está para estos dispendios. Nuestros políticos han de ser los primeros en dar ejemplo, algo que actualmente no ocurre, porque somos los ciudadanos los que estamos soportando todos los esfuerzos y sacrificios de una crisis provocada por los políticos, mientras estos siguen viviendo una vida subvencionada.

ANDALUCÍA, UN REFERENTE EN LA GESTIÓN SANITARIA

Ayer leía una noticia en Libertad Digital sobre los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid públicos pero de gestión privada. De la lectura de la noticia se desprendía que era una novedosa gestión del sistema sanitario, cuando es algo que ya se está haciendo en algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, por ejemplo.

En Andalucía existen las conocidas como Agencias Sanitarias (Poniente, Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir y Costa del Sol), que en realidad son muy parecidas al sistema que se ha iniciado en la Comunidad de Madrid. La única diferencia es que en Andalucía las Agencias son empresas públicas, mientras que en Madrid se trata de concesiones administrativas. Pero en el fondo funcionan de forma similar, con un presupuesto tasado y cerrado.

Además de las citadas Agencias, en Andalucía también “funciona” el Sistema Andaluz de Salud (SAS), organismo autónomo de la Junta, que cuenta con personal estatutario (similar al funcionario) y que no cuenta con un presupuesto cerrado, es decir, van “tirando” de presupuesto.

La Comunidad de Madrid se ha limitado a hacer lo que lleva haciendo muchos años la Junta de Andalucía. Las Agencias Sanitarias andaluzas funcionan bien, su gestión es lo más similar a una empresa privada y, además, no cuentan con muchos enchufados (aunque haberlos haylos, como diría el castizo).

Creo que es un sistema a exportar. Aunque también se podría mejorar. Se podría dar entrada, por ejemplo, a las mutuas y seguros privados (actualmente solo se atienden las urgencias), que además serían una fuente de ingresos.

Por otro lado, considero que el SAS se debería limitar a los centros hospitalarios de referencia (uno por provincia) y a los centros de salud, gestionándose el resto de servicios por las Agencias Sanitarias.

Andalucía ha sabido crear un sistema que funciona, en Andalucía se hacen cosas bien, y las Agencias Sanitarias saben dar un buen servicio ajustando los costes al máximo. Andalucía ha logrado ser un referente en este sistema de gestión sanitaria.