QUIEN HACE LA LEY HACE LA TRAMPA

Ayer mi querida Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España, ya sabéis mi opinión sobre esta señora, presentaba la futura  ley de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, que se inserta dentro del “plan de regeneración democrática”, y que responde al compromiso del Gobierno de luchar contra la corrupción. Y digo yo, ¿los políticos han de liderar un plan de regeneración democrática?, yo creo que no, creo que eso lo hemos de liderar los ciudadanos, la sociedad civil. Aunque he de aplaudir la iniciativa porque, al menos, denota que los políticos son conscientes de la corrupción que asola a la clase política.

Y según el Gobierno, el anteproyecto de Ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos presenta como principal novedad la prohibición de donaciones de personas jurídicas. En palabras de la Vicepresidenta, “entendemos que cuando la donación la hace una persona física se produce como consecuencia de su vinculación política, de compromiso, por afiliación, simpatía o convicción inherente a la libertad individual de los ciudadanos. Por tanto, entendemos que ese tiene que ser el cauce lógico de financiación”.

Bien, se prohíben las donaciones de personas jurídicas, pero lo han dejado fácil, la persona jurídica se busca a personas físicas que hagan esas donaciones y ya está. Y además no quedará constancia de quien es el que realmente hace las aportaciones.

Otra de las propuestas a incluir en esa futura Ley es que las entidades de crédito no podrán condonar los créditos, de cualquier cuantía, que tengan con los partidos políticos. La vicepresidenta ha concretado que se entiende por condonación "las cancelaciones totales o parciales del principal del crédito o las renegociaciones de los tipos de interés por debajo del precio de mercado".

Muy bien, volvemos a lo mismo que antes, ¿quién impedirá entonces que una entidad financiera “se olvide” de pasar al cobro el préstamo de determinado partido político? Al final prescribe y ya está, tema solucionado.

Lo dicho, que quien hace la ley hace la trampa, y que si estas son las medidas para acabar con la corrupción mal vamos. Creo que se conseguiría mucho más contra la corrupción cambiando la ley electoral, con listas abiertas o circunscripciones unipersonales, dando el poder a los ciudadanos de elegir directamente y conociendo a los políticos.

QUIEN HACE LA LEY HACE LA TRAMPA

Algunos dicen que este es un paraíso para la corrupción, dicen que todo es corrupción, que todo el sistema está podrido. Y cada día, desgraciadamente, estoy más de acuerdo con ese planteamiento. De hecho son muchos los artículos que hemos dedicado a la corrupción.

Y ayer volvía a publicarse una noticia que me llamaba mucho la atención (bueno, he exagerado, ya no me ha llamado la atención). Resulta que la Fundación IDEAS, dependiente del PSOE, recibió numerosas subvenciones de empresas cuando los socialistas estaban gobernando.

Según publicaba ayer el diario El Mundo, grandes contratistas del Estado, entre los que cita a los grupos Abertis, Acciona o Ferrovial y bancos como el Santander, BBVA y La Caixa, realizaron donaciones de en torno a 100.000 euros anuales a la Fundación IDEAS.

El diputado socialista Jesús Caldera, responsable de la fundación socialista, decía ayer que  "lo que es legal es legal. Está todo declarado en el Tribunal de Cuentas, por supuesto". Muy bien, será legal, ¿pero es ético? Según la Ley de financiación de los partidos políticos éstos no pueden recibir donaciones de empresas que contraten con la administración, pero estas empresas sí pueden hacerlas a las fundaciones que dependen de los partidos, ¿a qué jugamos entonces?

Por cosas como esta, por ejemplo, estoy cada día más de acuerdo con los que dicen que España es un paraíso para la corrupción. En España se ha creado un sistema muy curioso, y es que los políticos basándose en eso de la soberanía popular deciden sobre todas las cuestiones, incluso sobre las que les afectan a ellos directamente. Por ejemplo, los políticos deciden su sueldo (y es curioso, pero en los acuerdos sobre sueldos siempre hay unanimidad), también sobre sus jubilaciones y, entre otras cuestiones, sobre la financiación de los propios partidos políticos.

Por un lado prohíben las donaciones directas, pero por el otro las permiten a través de sus fundaciones, con lo que la empresa que quiera ser tratada bien por el gobierno de turno tendrá que pasar por caja y donar importantes cantidades de dinero a la fundación que corresponda.

Por eso creo que se debería modificar el sistema también en este aspecto, no puede ser que los políticos legislen sobre cuestiones que les afectan directamente, a lo mejor habría que empezar a organizar más referéndums. Porque quien hace la ley hace la trampa, ¡y menudas trampas!