Hoy os presentamos la tercera parte de la historia del PSOE,
escrita por José Quijada. Y nuestro amigo se adentra en la etapa del Frente
Popular y el inicio de la Guerra Civil, años convulsos en los que el PSOE tuvo
un papel importante…
Tras la victoria derechista de noviembre de 1933, el PSOE
radicaliza más el discurso y el 13 de enero de 1934 la comisión ejecutiva
socialista aprobó el “Proyecto de bases”: nacionalización de la tierra,
disolución de todas las órdenes religiosas y la incautación de sus bienes,
disolución del Ejército sustituyéndolo por una “milicia democrática”,
disolución de la Guardia Civil… Renovación, periódico socialista, afirma el 14
de septiembre de 1934: “La República social vendrá con sangre, con violencia”.
El Socialista, órgano de expresión del PSOE, dice el 18 de septiembre de 1934.
“Tenemos nuestro ejército, a la espera de ser movilizado. Sólo nos falta el
poder. Hay, pues, que conquistarlo”. Se
estaba preparando el Golpe de Estado del 5 de octubre de 1934, llamado
eufemísticamente Revolución de Asturias, donde Largo Caballero desempeñaba el
papel de presidente del comité revolucionario y que debía ser ejecutado por las
juventudes socialistas y comunistas en coordinación con elementos afectos al
PSOE en el Ejército, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, y que encuadrarán
a 30.000 hombres, ya bajo el nombre de Ejército Rojo. Pero este Golpe de Estado
fracasó, con un balance trágico de 256 muertos y 639 heridos en el Ejército y
las Fuerzas de Seguridad; 942 muertos y
1449 heridos entre la población civil. Los socialistas y la izquierda en
general dijeron que había sido “una protesta espontánea del pueblo” por la
entrada de la CEDA en el Gobierno. Salvador de Madariaga exponía sobre este
Golpe de Estado: “Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta
la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.
En las elecciones del 16 de febrero de 1936, el Frente
Popular dio un Golpe de Estado parlamentario que privaba de cualquier legitimidad
al gobierno de esta coalición de todas las izquierdas. El propio presidente de
la República, Alcalá Zamora, da testimonio de ello: “…El Frente Popular obtenía
solamente poco más de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados… La mayoría
absoluta se le escapaba. Sin Embardo, logró conquistarla consumiendo dos etapas
a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.
Primera etapa: Desde el 17 de febrero, el Frente Popular, sin esperar el fin
del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados… desencadenó en
la calle una ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia…
Algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes
irresponsables, la muchedumbre se apoderó de documentos electorales. Segunda
etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante… Se
anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó
victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se
expulsaron de Cortes a varios diputados de las minorías…Fue así que las Cortes
prepararon dos golpes de Estado parlamentarios”, artículo en el Journal de
Genéve (17 de enero de 1937).
A partir de ese Golpe de Estado del Frente popular, milicias
socialistas y comunistas y sindicatos anarquistas imponían su ley en la calle,
traducida en asesinatos y disturbios, invasión de fincas, quema de iglesias y
registros de la propiedad, asaltos a periódicos y sedes de la derecha, desfiles
intimidatorios, humillaciones y ultrajes al clero… El estado de alarma y una
estricta censura de prensa ocultaban las noticias. El 16 de junio Gil Robles
presentaba en las Cortes su ya célebre balance de la violencia política desde
las elecciones de febrero de 1936: 269 muertos, 1.287 heridos (la gran mayoría
de las víctimas, de derechas), 33 periódicos de la derecha asaltados, 10
completamente destruidos, asalto a 312 centros políticos y sedes de sociedades
privadas, más destrucción de otros 69; 160 iglesias totalmente destruidas, 251
templos asaltados o incendiados, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales,
146 bombas… En esa misma sesión de las Cortes, Casares Quiroga amenazaba a
Calvo Sotelo: “Si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable de toda
responsabilidad”.
El desenlace de tanta violencia tendrá lugar el 12 de julio
de 1936, cuando el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, es
asesinado (Gil Robles se salvó por no estar en Madrid). En el crimen participan
media docena de militantes socialistas de la Motorizada de Indalecio Prieto
(sus pistoleros), el capitán de la guardia civil Fernando Condés, y al menos un
escolta de la diputada socialista Margarita Nelken. Tras ser detenido en su
casa, Calvo Sotelo es embarcado a un vehículo y, después de recorrer unos
cientos de metros, el pistolero Luis Cuenca, socialista de la escolta de
Prieto, dispara dos tiros en la cabeza del diputado, dejando el cadáver en el
cementerio. Al menos cuatro diputados socialistas se ocuparon enseguida de
encubrir a los asesinos: Juan Simeón Vidarte, Julián Zugazagoitia, Margarita Nelken e Indalecio Prieto. Otro
socialista, Ángel Galarza, dijo un mes después: “A mí el asesinato de Calvo
Sotelo me produjo un sentimiento… el sentimiento de no haber participado en la
ejecución”. La Guerra Civil estaba servida.
Azaña y Giral, ante la presión de Largo Caballero y otros
líderes socialistas y comunistas, deciden el 19 de julio de 1936 autorizar la
entrega de armas al “pueblo”, es decir, a las milicias de los partidos de
izquierda, aunque ya se habían producido dos grandes movimientos de armas en
1931 y en 1934, que terminaron engrosando el arsenal del Frente Popular. El
terror se apoderó de toda la zona republicana: Los comités, los tribunales
populares, las checas, las sacas, asaltos a prisiones, genocidio católico,
represalias de guerra, torturas, saqueos, expolios… Siendo presidente del
Gobierno Largo Caballero, que es nombrado en septiembre de 1936, se produce el
episodio más terrorífico y criminal de toda la guerra: Paracuellos. En ello
tiene que ver mucho la llegada de Ángel Galarza, socialista, como Ministro de
Gobernación (actual Ministerio del Interior). Galarza, guerracivilista
furibundo, proclive a la violencia y hostil a la Iglesia, facilita listados y
registros oficiales a las milicias y a la Consejería de Orden Público,
comandada por el genocida Santiago Carrillo, convirtiendo su Ministerio en una
mecanización de la represión: detención de los “enemigos”, que son llevados a
cárceles oficiales y asesinados a ritmo creciente en las sacas y fusilamientos
de Paracuellos y Torrejón, con más de ocho mil inocentes fusilados, entre ellos
mujeres, ancianos y niños.
El PSOE tendrá un acusado protagonismo en el Terror, con sus
jefes ostentando cargos importantes en los aparatos represivos del Estado. Así,
la checa socialista por antonomasia fue la de la Agrupación Socialista de
Madrid, en la calle Fuencarral, donde esta checa jugó un papel fundamental en
la persecución religiosa y en las matanzas masivas de Boadilla del Monte.
Margarita Nelken, la misma que votó en contra del voto femenino, disponía de su
propio grupo represivo y estuvo implicada en los masivos asesinatos de
Paracuellos. Wenceslao Carrillo, padre de Santiago Carrillo y militante del
PSOE y la UGT, asaltaba legaciones diplomáticas y embajadas para asesinar a los
asilados. Ángel Galarza crea en 1936 la DEDIDE (Departamento Especial de
Información del Estado), una mezcla de policía política y servicio de espionaje
a modo de la NKVD soviética, que “oficializa” y aumenta el terror al calor de
la revolución y la guerra. Un año más tarde, el 6 de agosto de 1936, Indalecio
Prieto crea el SIM (Servicio de Investigación Militar), órgano mixto de
contraespionaje y policía militar que va sustituyendo en sus funciones a la
DEDIDE de Galarza. El primer jefe del SIM fue Santiago Garcés Arroyo, uno de
los escoltas de la Motorizada de Prieto que asesinaron a Calvo Sotelo.
Delación, censura, secuestro, tortura y asesinato eran los “servicios” que le
valieron al SIM una fama siniestra y que el ministro Irujo denunció al dimitir.
Entre los que “sovietizaron” al PSOE se encuentra Julio Álvarez del Vayo
(futuro presidente del grupo terrorista FRAP en 1974 y amigo del padre del
actual líder de Podemos), que junto a Largo, Prieto, Negrín y Araquistáin son
los que más contribuyeron a la deriva bolchevique socialista, algo que Julián
Besteiro denunció en unas proféticas palabras: “Estamos derrotados
nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la
aberración política más grande que han conocido quizá los siglos”. Sabias
palabras de un socialista moderado que fue arrinconado y ninguneado por un PSOE
que no se distinguía del PCE. Por algo a Largo Caballero le llamaban “El Lenin
español”.
Los delitos de tipo económico que acompañaron al Terror rojo
fueron múltiples y de gigantesco calado para España. La medida más importante
fue la enajenación del oro del Banco de España a partir de un decreto firmado
el 13 de septiembre de 1936 por Azaña. Esa medida fue responsabilidad directa
del ministro de Hacienda, el socialista Juan Negrín, bajo el gobierno de Largo
Caballero. Las reservas de oro del Banco de España fueron enviadas a Moscú. La
operación del célebre “oro de Moscú”, la cuarta reserva mundial de oro, se
llevó a cabo entre los socialistas Negrín, Largo Caballero y Prieto, al margen
del presidente de la República, Azaña, a quien sólo presentaron los hechos
consumados. El Estado español jamás volvería a ver ese oro ya que la entrega
del tesoro se hizo sin documentos probatorios de la propiedad española. El
mismo Indalecio Prieto insiste en calificar la operación como “colosal
desfalco”: “Un ministro socialista (Negrín) pidió plena autorización para
proceder libremente; el Gobierno, del que formábamos parte otros cinco
socialistas, incluso quien lo presidia (Largo), se la concedió, y socialistas
eran también los bancarios que dispusieron cuanto se les ordenó”.
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