“Conseguir la
Independencia no es utopía sino Justicia” (Alonso Quijano)
Allá por Diciembre de 2010 publicaba “La perversión del Sistema” en mi grupo de Facebook “Ciudadanos por
España” -nada que ver con el partido emergente de color naranja (a la sazón sólo
presente en Cataluña), más allá de la coincidencia en la primera palabra (abrí
el grupo en 2008)-. Prácticamente todo lo que decía sigue vigente al día de hoy
y, ya entonces, venía de veinticinco años atrás y los hechos han seguido
alimentando mi tesis.
Empezaba aquel artículo citando la frase de Montesquieu: “El PODER debe controlar al PODER
para que no abuse del PODER” y trataba yo entonces de aclarar el “acertijo”
añadiendo que <El PODER -JUDICIAL- debe controlar al PODER -EJECUTIVO (Gobierno)- para que no abuse del PODER -LEGISLATIVO (Parlamento)>.
Y me ha venido a la memoria este artículo porque el pasado
jueves asistí al acto celebrado en el Ateneo de Madrid -Foro Liberal por
excelencia- organizado por la Plataforma “INDEPENDENCIA JUDICIAL” y la Fundación “HAY DERECHO”, cuya invitada fue la Juez Mercedes Alaya que habló sobre “La Independencia Judicial”. Por
cierto, no vi entre los asistentes a ninguno de los medios de comunicación que
se dicen liberales ni he visto recogida la noticia -siquiera como “simple”
noticia- en ninguno. Los otros, por supuesto, tampoco estaban. Pero el Ateneo
sí grabó la magistral conferencia de la que dejo el enlace
para quién quiera escucharla completa. Merece la pena.
Sin duda, el tema era muy sugerente ya que, como empezó
diciendo nuestra admirada Juez, “La Independencia Judicial es uno de los
pilares del Estado de Derecho” y, a partir de ahí, con su conocida
valentía y claridad, la Sra. Alaya fue desgranando su discurso y dejando frases
lapidarias que ponían en cuestión la existencia de la tan necesaria como deseada
Independencia de los Jueces que,
apostilló, “Es la garantía de la Libertad de los ciudadanos frente al poder”,
como, dijo, “señala la Recomendación nº 12 de 2010 del Comité de Ministros del
Consejo de Europa”.
Citó también a Montesquieu -lo que, como decía, me recordó mi
anterior artículo-, del que dijo que “ya
vio cómo la División de Poderes era la
única alternativa al Estado Totalitario”.
Para ella “La Independencia del Poder Judicial se está tambaleando por momentos, en proporción,
quizás, al aumento de los casos de corrupción, aunque no todos nos damos cuenta,
porque el juego procesal es muy sutil y el Poder Político, que lo sabe, aprueba
leyes continuamente -para ‘luchar’ contra la corrupción o ‘agilizar’ la
Justicia, vende-, que no suponen sino
cortapisas que, en definitiva, coartan la
Independencia Judicial”. Y añadió rotundamente que, “desgraciadamente , en nuestro país, las Altas Jerarquías judiciales, están nombradas por el Poder Político” y que “sólo la independencia de éste, garantiza
jueces imparciales”.
Definió a la Prensa como el ‘Cuarto Poder’, “También dominada por el Poder Político
porque, no en vano, en los Consejos Editoriales de los grandes medios están
personajes políticos de primer orden” y concluyó esta parte diciendo que “La Independencia
Judicial está en crisis y eso implica una crisis, también, de nuestro
Estado de Derecho, con lo que está servido el camino para que el Poder Político ‘robe’ al Poder Judicial su principal fuente de legitimación,
que es Controlar al Poder
Ejecutivo”, justificando
esa afirmación, en referencia fundamental a la jurisdicción penal, en que “las últimas reformas en la Ley 41/2015 de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 13/2015, han producido una auténtica
revolución dentro del procedimiento judicial, al atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal -nombrado por el
Gobierno- y mediatizar a los jueces, a los que deja la parte instrumental”.
Respecto del Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.), hizo referencia al Art. 122.3
de la Constitución y cuestionó que ocho de sus veinte vocales sean elegidos a
propuesta del Congreso y del Senado -cuatro por cada Cámara- “Algo que hoy no tiene sentido, ya que, lo
mismo que no hay jueces en otros Órganos, no
debería haber ‘elementos extraños’ dentro del C.G.P.J.…, lo que tenemos
realmente es un miniparlamento”. Concluyó
este apartado diciendo que “Teniendo en
cuenta que del C.G.P.J. emanan otros
muchos nombramientos -que citó en detalle-, que no lo son por méritos y trayectoria profesional sino por ser más ‘dóciles’
al Poder Político, vemos un ‘espectáculo bochornoso’ de cómo esta
injerencia puede llegar a las más altas
esferas judiciales”.
Se refirió después a la “falta de autonomía presupuestaria”
como otro de los grandes problemas que afectan a la Independencia Judicial cuya
solución “no requeriría reformar la
Constitución, sino que bastaría con una
ley que la desarrollara, como en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Consejo de
Estado”, insistiendo en que “Con
autonomía financiera podríamos ver la regeneración de las asociaciones
judiciales, ya que existe un intercambio de intereses con el Poder Político, en
el que priman las relaciones sobre los
méritos”.
Por último citó como “el gran problema del Poder Judicial y la
Independencia Judicial” al Ministerio
Fiscal para el que “el Art. 124.2 de
la Constitución establece el principio
de unidad de actuación y de dependencia jerárquica con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad”, que concluye en el punto 4 que “El
Fiscal General del Estado (FGE) será
nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Es decir, el FGE
es el representante del Gobierno en el Poder
Judicial, quizás, la mayor
injerencia dentro de los procedimientos judiciales, sobre todo cuando se trata
de delitos contra la corrupción política o delitos contra la Administración”.
A este respecto dijo que “El último
informe del Consejo de Europa, 2016, dice que el CJGP no sólo no garantiza la Independencia Judicial, sino que
constituye un “potencial peligro” para el Poder Judicial”.
Tras reflejar que “Tres de cada cuatro Jueces consideran que
el CGPJ no garantiza la Independencia Judicial sino que se constituye más bien como
un órgano de control” y que “entre el 70 y el 85% de los Jueces
consideran que la transferencia de la Justicia a las Comunidades Autónomas ha
sido nefasta para el P.J.”, añadió que “la opinión externa sobre jueces
y fiscales es favorable, pero se convierte en grandes críticas cuando valoran
las altas instancias de la Judicatura”.
Terminó resumiendo sus propuestas: “Despolitizar el CGPJ; Independencia del Ministerio Fiscal con total
transparencia en las relaciones entre éste y el Gobierno; Autonomía financiera
para el Poder Judicial; Pacto de Estado por la Justicia -que no es igual para
todos, dijo, hay una para los ciudadanos normales y otra para los poderosos-;
Fomento de la Acusación Popular, como alternativa a la acusación pública del Ministerio
Fiscal; Regulación del aforamiento, cuando no eliminación” y, finalmente, “Poner
coto a las puertas giratorias, impidiendo que una persona del ámbito judicial
que pase a la política activa, pueda volver a la carrera judicial, sobre todo,
sin veto alguno para la jurisdicción penal o contenciosa, y limitándose, en
todo caso, si quiere volver a su carrera, al ámbito de la 1ª Instancia, de lo
Civil, de menores, o de lo social”.
En resumen, una gran conferencia que, como decía, invito a escuchar íntegramente.
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