El amigo José Quijada Rubira, @PepeWilliamMunn, me ha remitido este artículo que hoy
publico en DECDLT. Os recuerdo que estoy encantado de abrir el Blog a todos los
que quieran participar.
El
23 de febrero de 1983, con un despliegue militar sin precedentes, el gobierno
socialista de Felipe González se había incautado de Rumasa. Meses más tarde, el
5 de diciembre de 1983, se filtró la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la expropiación de Rumasa. Seis magistrados habían votado en contra y
otros seis a favor, desempatando el voto de calidad de Manuel García Pelayo,
presidente del Constitucional, tras intensísimas presiones recibidas por parte
de Alfonso Guerra, que le hicieron doblegarse. El 1 de julio de 1985,
aprovechando su mayoría parlamentaria, los socialistas reformaron la Ley del
Poder Judicial, decidiendo que fuese el Parlamento quien eligiese a los vocales
del Consejo General del Poder Judicial. Se habían cargado la independencia del
poder judicial, politizando dicho órgano. La frase que se atribuye a Alfonso
Guerra, “Montesquieu ha muerto”, en referencia al filósofo que defendió la
independencia de los tres poderes del Estado –el legislativo, el ejecutivo y el
judicial-, entraba en vigor en ese mismo momento. España comenzaba a morir,
poco a poco, ante el acto liberticida del Partido Socialista Obrero Español.
La
necesaria, básica y fundamental función de vigilarse entre sí los tres poderes
para evitar sus excesos, quedó rota degenerando cada vez más, sin que nadie
haya tratado de arreglar o poner fin a esta situación insostenible y anormal en
cualquier nación democrática. Ningún partido político ha buscado una solución
de verdad. Todo han sido buenas palabras que el viento se llevó. No hay más que
ver las idílicas relaciones entre Gobierno y órganos superiores de Justicia, ajustándose
a los criterios del que manda ya que les deben el puesto que ocupan,
corrompiendo la independencia, la libertad, la democracia y, por ende, España.
Nadie se escandaliza de la adscripción partidista de los magistrados de mayor rango.
Exentos de vigilancia y de freno, sin que nadie les pare los pies, campan a sus
anchas y sus excesos no tienen parangón, produciendo repugnancia y vómito ante
tanta vileza e infamia. Para muestra, unos clarificadores hechos de la
ignominia que padecemos:
-Las
Cajas, la mitad del sistema financiero del que la partitocracia se ha
enseñoreado, son un caso paradigmático de incompetencia y ligereza. Está la
responsabilidad de los políticos que desvirtuaron el carácter social de las
viejas cajas de ahorros y quienes fueron colocados a dedo por ellos. ¿Dónde
está la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales?
-Los
ERE de Andalucía, 1.400 millones de corrupción repartidos entre PSOE, IU, CCOO
y UGT, con la Junta Andaluza entorpeciendo y persiguiendo a la juez Alaya y, lo
que resulta más escandaloso, las críticas del presidente del CGPJ, Gonzalo
Moliner, a la instrucción del caso de los ERE.
-El
caso Faisán durante el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, un soplo a la banda
terrorista ETA, urdido para salvar el turbio “proceso de paz” en un marco de
ocultación política y confusión moral. Las componendas de los ropones no se
hicieron esperar: primero, con la intervención minimizadora del entonces juez
Garzón y sus maniobras de bloqueo; luego, con las complacientes providencias de
Gómez Bermúdez y, finalmente, con el escandaloso apaño plenario de la Audiencia
para alejar de la campaña electoral un asunto tan escabroso.
-El
delincuente Sánchez Gordillo y su Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que
se mofa del Estado y sus leyes ocupando fincas, asaltando supermercados y
agrediendo a cajeras con total impunidad. La Justicia, empezando por el
ministro de Interior, ha decidido no tomar cartas en el asunto del régimen
talibán andaluz, laboratorio del caciquismo leninista del tal Gordillo y sus
“trabajadores”, dejando total libertad a este iluminado del pleistoceno
ideológico.
-La
populista Ada Colau y su Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
promotora de la violencia del acoso y la coacción, utilizando el seudónimo que
tanto gusta a la izquierda de escrache. Con este método, decenas de políticos
del PP y sus familias –algunos en sus casas particulares- son sitiados y
amenazados; sucursales bancarias asaltadas y ocupadas sin que la Justicia haga
nada, aprovechándose de la moribunda democracia española y con actuaciones que
recuerdan épocas muy oscuras. Pero el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, afirma que “los escraches,
en tanto no sean violentos y no lo son, son un ejemplo de la libertad de
manifestación”. Esta es la Justicia en España.
-El
dislate de Cataluña y su declaración soberanista de la Cámara catalana,
ignorando el auto del Constitucional y con el desacato como principio político.
Mas, Gispert y demás compinches hacen alarde de una insumisión que ha sido
tolerada por el Estado de Derecho, cuestionando la democracia en España, al
cruzar la línea roja una y otra vez. Además, encuentra apoyo a su tesis
secesionista en Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional,
declarando que “El Estatuto está vivo, aprobado por referendo y todavía puede
ser desarrollado”. El conocido por “Pascualone” -imagínense por qué-, elude que
el TC frene el desafío de Mas en sus dos últimos plenos. Para salir corriendo.
-La
revocación del Tribunal Constitucional de la anulación de las candidaturas de
la coalición Bildu por el Supremo, da idea y prueba fehaciente del esperpento y
caos que habita en nuestra Justicia. Pascual Sala –otra vez “Pascualone”- y sus
cinco infames cómplices, dieron luz verde a la introducción en las instituciones
de ETA-Bildu, en una de las mayores vilezas jamás perpetrada. ¿Hay algún país
democrático que tenga a los asesinos y terroristas en el poder, beneficiándose
de todo lo que ellos denigran y combaten?
-La
nutrida colección de jueces ultragarantistas que tiene la Audiencia Nacional y
que le dan a ETA todas las facilidades para que chulee a la democracia,
riéndose de sus víctimas y de todos los españoles. Los casos de de Juana Chaos,
Ternera, Bolinaga, Lasarte, Ciganda…son el arquetipo, el fiel espejo del
despropósito en que nos hemos instalado y de que hemos tocado fondo en la mayor
poza séptica de la historia.
-El
caso de Sandra Palo, violada, atropellada y quemada viva por cuatro sujetos y
donde el principal acusado, Rafael García Fernández -apodado “El Rafita”-, tras cuatro años de
condena, está completamente libre y prosigue su carrera delictiva sin que la
Justicia detenga tal animal. O el suceso
de Marta del Castillo, cuyo cuerpo sigue sin aparecer y sin saber qué pasó
realmente, después de cuatro años y medio, permaneciendo sólo en prisión Miguel
Carcaño.
Todo
este sangrante muestrario confirma el colapso institucional de la Justicia, que
en un Estado de Derecho es esencial para la seguridad y la confianza del
ciudadano. La impunidad se ha convertido en una enfermedad que se ha inoculado
en toda la sociedad española. La contaminada y perversa Justicia en España se
ha convertido en coyuntural protectora de sus enemigos y las Leyes no tienen
quien las defienda. Su descomposición es crónica y nadie viene a socorrerle.
Francisco de Quevedo, en el “Sueño del infierno” –el tercero de sus cinco
“Sueños”- , señala con su dedo acusador, en primer lugar, a las gentes de la
Ley, que las ha sufrido en sus carnes: “¿Es posible que no hay en el Infierno
ninguno ni le pude topar en todo el camino? Sí hay –me respondió-;…que acá por
gatos los conocemos…que, con ser el Infierno tan gran cosa, tan antigua, tan
maltratada y sucia, no hay ratón en toda ella que ellos los cazan.” (Las
zahúrdas de Plutón). Será su merecido destino.
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