LA FUNCIÓN PÚBLICA, por @AntoniodlTL

Contamos hoy con una nueva colaboración de Antonio de la Torre, en la que habla de la función pública en España y la evolución de la misma. Un artículo interesante que dará que hablar...

Repasando entre mis muchos documentos que, a modo de artículos, comentarios o simples reflexiones, vengo almacenando desde hace años en mi archivo personal, he encontrado éste, que escribí en Octubre de 2012 y que, con algunos apuntes y matices añadidos, retomo para compartirlo con mis amables lectores en espera de que pueda resultarles de interés.

Decía entonces, en relación con esta, antaño, noble profesión –ojo, que no digo que ahora no lo sea, pero sí que, en mi opinión, se ha desvirtuado bastante por las razones que iré exponiendo en mi reflexión-, que no tengo nada en contra del funcionariado, entre otras cosas, porque mi padre (q.e.p.d.) lo fue, y mis fundamentos morales y personales los recibí de él, y que constituyó un ejemplo en todos los sentidos.

Digo también ahora que recuerdo unas décadas –años 50 a 80 o poco más- en las que los cuerpos de los altos grupos de la Administración del Estado –A y B, especialmente- gozaban en general de un gran prestigio de preparación, tras superar unas duras oposiciones que requerían un sobreesfuerzo de estudio, después de terminar en la Universidad o Escuela de grado superior o medio y que sólo unos pocos –tal vez los mejores estudiantes en alguna época- estaban dispuestos a realizar.

Dicho lo anterior, vamos ahora con lo que me preocupa y que creo que es también urgente reformar. La función pública, como tantas cosas en España, necesita una reforma, ya que su deriva durante los últimos treinta años, al menos, ha devaluado notablemente su nivel y prestigio hasta límites que la hacen, en una proporción importante, casi insostenible, consecuencia también, en su mayor parte, del desafortunado régimen de las autonomías imperante.

Baste, para dar una idea de esa, a mi juicio, deriva en la calidad –generalmente en proporción inversa a la cantidad-, una referencia  al desmesurado incremento de empleo público experimentado. Los menos de setecientos mil empleados públicos del año 1976 -funcionarios en su mayoría, si no todos, ya que no había aparecido la figura del “asesor” para todo-, han pasado hoy al nada despreciable monto de tres millones, es decir más de un 400 % de incremento, que todavía se hace más espectacular si consideramos que el de la población española fue del orden del 20%. Y, aunque algunas cosas puedan decirse que han mejorado relativamente, no creo que nadie pueda mantener que en esa proporción, cuando no han empeorado en muchos casos.

Creo que es hora de que alguien se replantee este sistema cerrado de la función pública, en las últimas décadas descontrolado, desde que cada reyezuelo autonómico vio en la creación de puestos de funcionario, muchos de ellos digitales y otros con "oposiciones" restringidas para los previamente contratados a dedo como asesores por ellos, un caladero de votos fieles por aquello de que se establecía el estatus clientelar de “estómago agradecido”.

Allá por 2010, redacté un programa político “ideal” que publiqué en Facebook y pasé –en mano- a varios políticos (Mariano Rajoy, Mª Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, entre otros) sin que, por supuesto, haya tenido respuesta alguna, no ya formal, sino por haber visto que algo se hiciera, e incluía entre sus puntos uno que iba encaminado a la revisión del sistema de acceso y permanencia en la Función Pública, que decía así:

“Modificación de la Ley de la Función Pública. Congelación de ofertas de empleo público salvo aquellas excepcionales que sirvan para reponer bajas imprescindibles en puestos cualificados, por jubilación o muerte, amortizando todas las bajas que se vayan produciendo en el resto del funcionariado. Coordinación de la Función Pública a nivel nacional con la autonómica”.

A ello habría que añadir también un sistema de reevaluación periódica de los funcionarios para la actualización de conocimientos y el análisis de productividad, con revisión del carácter vitalicio vigente para aquellos casos en los que el resultado de esa evaluación así lo justificase. Es decir, revalidar la condición de funcionario cada equis años –cinco o diez, en función del puesto y/o función, por ejemplo-. Paralelamente a esto, propondría que los salarios se revisasen en el sentido de equipararlos a los existentes en el sector privado de cualificación y responsabilidad equivalente, con un plus, en su caso, por el tiempo invertido en la preparación de la oposición correspondiente, en función del grado de dificultad de la misma, reforzando al mismo tiempo los controles de acceso a los cuerpos de mayor nivel. Que no valga el dicho “nos engañarán en el sueldo, pero no en el trabajo”, utilizado como justificación, que hemos oído todos no pocas veces.

Estas medidas, desde mi punto de vista, supondrían una llamada a los mejores para aspirar a la Función Pública, lo que redundaría en un funcionariado más cualificado y mejor preparado, como en otra época lo era, sin el freno que el aspecto económico pudiera suponer en algunos casos ni el acicate de que la permanencia vitalicia motivara el adocenamiento y la falta de rendimiento.

Es decir, que la de funcionario volviese a ser una profesión valorada, exigente y, por tanto, bien remunerada –que tal vez no lo haya sido nunca en muchos casos-, que no permitiera “dormirse en los laureles”, como pasa actualmente por su carácter vitalicio ni convertirse en “objetivo” laboral, en sí mismo, como un seguro de vida, con la simple “exigencia” de una oposición, en muchos casos edulcorada y en no pocos, sustituida por el correspondiente carnet del partido gobernante y un periodo de contratado laboral, siempre por la vía del amiguismo correligionario, que se transforma en un puesto vitalicio de funcionario al cabo de no mucho tiempo.

Sé que esta propuesta puede tacharse de utópica, en el mejor de los casos, si no de “fascista”, calificativo que ahora está de moda aplicar a toda idea que suponga esfuerzo y mérito, pero estoy convencido de que trabajar en esta línea de modificación del funcionariado redundaría en una mejora sensible del sistema y, sin duda alguna, en la calidad del mismo y la rebaja del coste para el Estado.

Y una cosa más, ¿por qué esa pléyade de asesores de nuestros políticos –incluso una buena parte de los segundos y terceros niveles de la política- que muchas veces no son más que puestos de favor, no se cubren con funcionarios bien preparados de los distintos cuerpos de la Administración?

Con mi respeto y consideración a los buenos funcionarios, muchos, que todavía queden y puedan haber. Que la función pública sea una verdadera VOCACIÓN DE SERVICIO y no una salida fácil o comprada.