Ayer
un titular del diario en la red Libertad Digital me llenaba de tristeza y me
hacía pensar sobre nuestro sistema democrático, aunque no le faltaba razón.
Decía así: “El PP recupera el control del Tribunal Constitucional”.
Vaya
por delante que yo estoy en contra de la necesidad de que exista un órgano como
el Tribunal Constitucional, pues considero que las garantías constitucionales,
la interpretación de nuestra Carta Magna ha de realizarse desde los tribunales
de justicia y no desde un “tribunal” nombrado por políticos. Al igual que no
comprendo, por ejemplo, la existencia de la fiscalía anticorrupción, como si
solo este fiscal fuera el que persiguiera los actos de corrupción, algo que,
supuestamente, han de hacer todos los miembros de la Carrera Fiscal.
El
Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados, cuatro a propuesta
del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros;
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y los miembros
del Consejo General del Poder Judicial quien los designa?, pues sus veinte
miembros lo son elegidos por las Cortes Generales, entre jueces y juristas de
reconocida competencia. Es decir, que todos los miembros del Constitucional son
elegidos por políticos.
¿Qué
garantías tenemos los ciudadanos cuando el tribunal que ha de interpretar la
Constitución y decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y otras
actuaciones está nombrado por políticos? En los Estados Unidos de América, por
ejemplo, su Norma Fundamental la interpreta el Tribunal Supremo que, para
empezar, lo forman jueces con cargo vitalicio. ¿No podría ser en España igual?
Y
luego se habla de separación de poderes. Luego nos venden que las decisiones
del Tribunal Constitucional son independientes. Lo siento, pero visto lo visto
no me lo creo, porque el Tribunal Constitucional es un órgano político, que
actúa al mandato de los que los designan o, al menos, esa es la sensación que
da.
