RECORDANDO EN DECDLT… DERECHO A DECIDIR, por @AntoniodlTL

Los domingos en Desde el Caballo de las Tendillas son para recordar. Y hoy os traemos un artículo de Antonio de la Torre, en el que nos hablaba sobre el derecho a decidir, la organización territorial del Estado y otras cosas… ¡Feliz domingo!

SERPIENTES DE VERANO

El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha estado muy torpe reuniéndose con Rodrigo Rato. De hecho, tras conocerse su encuentro y ante la falta de explicaciones pedí su dimisión. Pero las explicaciones han llegado, en forma de comparecencia ante la comisión de interior del Congreso de los Diputados, y estas me han convencido. Así lo tengo que decir. Y el Sr. Fernández Díaz, que no es santo de mi devoción, me ha convencido por varias razones.

NO LES INTERESA CONTROLAR…

Ayer publicaba el diario ABC el penúltimo escándalo que afecta a la Junta de Andalucía, relacionado con el destino de 1,3 millones de euros en subvenciones otorgados entre los años 2008 y 2011 a una empresa de Jaén, llamada MKF.

LA REIMPUTADA

Ayer volvía a saltar la noticia, ayer el Juez José Castro volvía a imputar a Cristina de Borbón, Duquesa de Palma e Infanta del Reino de España. En un Auto de 227 folios, que se dice pronto, imputa a la hija de los Reyes de España de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.

Por muy Abogado que sea no me ha dado tiempo a leerme los 227 folios de los que consta el Auto, ni creo que lo llegue a hacer; y como no lo he leído ni conozco el proceso, no voy a valorar si la imputación es ajustada a derecho o no. Lo que sí puedo decir es que siguiendo la teoría de los distintos partidos políticos una imputación le daría la Infanta la posibilidad de defenderse y demostrar su inocencia ante la Justicia. Pero no, parece que aplicando la ‘doctrina Botín’, podría librarse de la imputación y de sentarse en el banquillo; ¿que qué dice la ‘doctrina Botín’? pues muy sencillo, que no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien la acusación particular. Y en los delitos que se le imputan (blanqueo de capitales y delito fiscal), la acusación particular la ejerce el Estado, puesto que son delitos contra la Hacienda Pública.

Por lo expuesto y siguiendo esta doctrina, que fue dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007, tengo claro que la hermana del Príncipe de Asturias no se sentará en el banquillo, porque ni la Abogacía del Estado, siguiendo órdenes del Gobierno, ni la Fiscalía, siguiendo órdenes del Gobierno, acusarán a la Infanta Cristina de ningún delito. Ahí queda eso.

Así las cosas al final pasará que no pasará nada. Pasará que tenemos a una Infanta de España manchada por un caso de corrupción y acusada por un Juez de dos delitos muy graves y no pasará nada.

Yo no voy a entrar en temas legales, lo único que digo, que vuelvo a repetir, es que la Infanta Cristina debe renunciar a sus derechos dinásticos, a pertenecer a la Familia Real y a recibir ningún tipo de asignación de la Casa del Rey; porque la Familia Real se basa en el ejemplo, en el sacrificio y en la entrega a España, algo que la Infanta Cristina no ha hecho, por lo que no es digna de ostentar ningún derecho sobre la Corona de este País.

A ELLOS SE LES HA DE EXIGIR MÁS

Ayer publicaba el diario El Mundo que Iñaki Urdangarin, Duque de Palma, a través de su abogado está intentando lograr un acuerdo de conformidad con la fiscalía, cuya primera consecuencia sería evitar la celebración de juicio por el conocido como caso Nóos. Además tampoco pisaría la cárcel, pues la pena de prisión sería inferior a dos años. Parece ser que la rebaja de la condena sería notable, pues los delitos que se le imputan al marido de la Infanta Cristina sumarían unas condenas de entre quince y veinte años de privación de libertad.

Pero la propia información del rotativo madrileño reconoce que la fiscalía no está por la labor, pues parece que no está dispuesta a profundizar en las conversaciones si no se dan previamente tres circunstancias: que Urdangarín y su socio Diego Torres revelen dónde se encuentra la parte del botín que todavía no ha sido hallada por los investigadores; que admitan por primera vez su culpabilidad, y que devuelvan una parte importante de los fondos públicos distraídos.

Y por su parte, también ayer, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce afirmaba que no existen negociaciones para llegar a un pacto con Iñaki Urdangarin  y que tampoco existe un trato de favor por parte de la Fiscalía en este procedimiento hacia su esposa, la infanta Cristina, según informaba Libertad Digital. El tiempo lo dirá, porque lógicamente a estas alturas el Sr. Torres Dulce no va a reconocer esos posibles contactos.

Y digo yo, ¿es lógico que el Duque de Palma llegue a un acuerdo con la Fiscalía?, ¿qué consecuencias tendrían un posible acuerdo?, para empezar imagino que la ciudadanía constataría lo que muchos ya se temen, que en este tema al final no pasará nada y que Urdangarin y su esposa se irán de rositas.

Como ya he comentado en otras ocasiones, los Duques de Palma han de renunciar a sus derechos dinásticos y a los privilegios por pertenecer a la Familia Real; y si no lo hacen los ha de apartar el Rey. La monarquía se basa en el ejemplo, en la transparencia y en el saber hacer y los Duques de Palma han demostrado que no son dignos.

Por supuesto estoy en contra de posibles pactos, porque los Duques de Palma no son iguales al resto de los ciudadanos. A ellos se les ha de exigir más.

UN TITULAR MUY TRISTE

Ayer un titular del diario en la red Libertad Digital me llenaba de tristeza y me hacía pensar sobre nuestro sistema democrático, aunque no le faltaba razón. Decía así: “El PP recupera el control del Tribunal Constitucional”.

Vaya por delante que yo estoy en contra de la necesidad de que exista un órgano como el Tribunal Constitucional, pues considero que las garantías constitucionales, la interpretación de nuestra Carta Magna ha de realizarse desde los tribunales de justicia y no desde un “tribunal” nombrado por políticos. Al igual que no comprendo, por ejemplo, la existencia de la fiscalía anticorrupción, como si solo este fiscal fuera el que persiguiera los actos de corrupción, algo que, supuestamente, han de hacer todos los miembros de la Carrera Fiscal.

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y los miembros del Consejo General del Poder Judicial quien los designa?, pues sus veinte miembros lo son elegidos por las Cortes Generales, entre jueces y juristas de reconocida competencia. Es decir, que todos los miembros del Constitucional son elegidos por políticos.

¿Qué garantías tenemos los ciudadanos cuando el tribunal que ha de interpretar la Constitución y decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y otras actuaciones está nombrado por políticos? En los Estados Unidos de América, por ejemplo, su Norma Fundamental la interpreta el Tribunal Supremo que, para empezar, lo forman jueces con cargo vitalicio. ¿No podría ser en España igual?

Y luego se habla de separación de poderes. Luego nos venden que las decisiones del Tribunal Constitucional son independientes. Lo siento, pero visto lo visto no me lo creo, porque el Tribunal Constitucional es un órgano político, que actúa al mandato de los que los designan o, al menos, esa es la sensación que da.

¿INHABILITACIÓN CAUTELAR?

Leía ayer en la prensa que el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha propuesto que, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasaría a llamarse ‘Código procesal penal’), se permita a los jueces la posibilidad de inhabilitar “como medida cautelar” a cualquier cargo público “desde el momento en el que sea imputado o encausado”, algo similar a lo dispuesto para funcionarios o jueces, que sí pueden ser apartados temporalmente de sus puestos cuando existe un expediente o causa abierta.

Es decir, sería el juez que instruyera una causa contra un político el que decidiría si se le ha de apartar, temporalmente, del cargo público que ostente.

Y me pregunto una cosa, mientras que dure esa inhabilitación cautelar, ¿ese puesto sería ocupado?, es decir, ¿sería sustituido por el siguiente candidato a concejal o diputado en la lista de su partido? porque imaginemos que un partido gobierna con mayoría absoluta por diferencia de un escaño, si imputan a uno de los miembros de su grupo ¿perderían la mayoría absoluta durante ese tiempo? ¿o habría un diputado temporalmente inhabilitado y otro temporalmente ejerciendo el cargo? Creo, que como tantas otras cosas que proponen nuestros políticos, no está muy pensado.

Y salvada la cuestión formal quiero analizar el tema de fondo. Como decía en Twitter, “¿hay tan poca ética y moralidad que ha de decidir un tercero?”, ¿ha de ser un juez el que decida que un político se debe apartar de sus funciones?, en mi opinión debería existir la suficiente moral entre nuestra clase política como para que ellos mismos fueran los que dimitieran, por honorabilidad, por principios.

Y además, como muchos de nuestros políticos están aforados, diputados y senadores en el Tribunal Supremo y diputados autonómicos ante los Tribunales Superiores de Justicia, serán estos tribunales los que decidan sobre la inhabilitación del político, cuando todos conocemos los intereses que se generan en esos estamentos, a esos niveles…

Y además, ¿qué dirá el fiscal correspondiente? ¿qué postura tomará? porque si la Fiscalía, que actúa bajo dependencia jerárquica, pide la inhabilitación para un imputado de la oposición será acusado de parcialidad y actuar bajo criterios políticos, igual que si se opone a la inhabilitación de un miembro del partido del gobierno de turno. Vamos, un lío.

Lo dicho, que creo que la idea del Sr. Gallardón, como la mayoría de las que tiene, es desacertada, está fuera de lugar y será inoperativa. Lo que se ha de hacer, dada la falta de principios y honorabilidad de la mayoría de nuestros políticos (incapaces de dimitir), es cesar de su cargo a cualquier político imputado, sin vuelta atrás. Así de fácil.  

Y A RUBALCABA SE LE QUEMÓ LA MANO

El lunes la Fiscalía General del Estado autorizó a la Fiscalía del Tribunal Supremo a pedir a la Sala de lo Penal el suplicatorio al Congreso para poder proceder, con todas las consecuencias legales, contra el ex ministro José Blanco.

Considera el Ministerio Fiscal que de lo investigado se observan indicios de que el actual diputado del Partido Socialista Obrero Español hubiera podido incurrir en delitos de tráfico de influencias y prevaricación, tal y como informaba ayer el diario Libertad Digital.

El Sr. Blanco ha anunciado que no piensa dimitir de su cargo mientras no concluya la instrucción y se resuelvan todos los recursos presentados y que solo lo haría en el caso de que se procediera a la apertura de juicio oral frente a él.

Y es que lo ocurrido en relación al caso Campeón es digno de análisis, ya hablamos del tema en el Blog, cuando dijimos que el Caso Campeón no era un montaje electoral, y es que en la campaña electoral de las pasadas elecciones generales el Sr. Pérez dijo que “ponía la mano en el fuego por Blanco”, de hecho Rubalcaba manifestó que  "si no tuviéramos elecciones, estaríamos viendo las cosas de otra manera. Y le diré más, cuando pasen, las veremos de otra forma porque sé que José Blanco no ha hecho nada". Pues Sr. P. Rubalcaba, ya puede ir corriendo a la unidad de quemados, pues debe tener la mano achicharrada.

Este es otro ejemplo de lo que ocurre en este País. En España se mezclan los asuntos políticos con los judiciales y no se dimite hasta que no llega un auto de procesamiento o una sentencia firme, cosa que no comprendo. A los políticos se les ha de exigir un plus de responsabilidad y, sobre todo, que actúen con ejemplaridad, algo que hoy en día no ocurre. Ante la mínima sospecha deberían dimitir de sus cargos, si fuera así, seguramente los ciudadanos tendríamos otra imagen de la clase política.

SOBRE LA CORRUPCIÓN DESCONOCIDA

Hay un caso de corrupción poco conocido, pequeño en su repercusión pero muy grande en cuanto a su importe y consecuencias. Se trata de la gestión del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Córdoba durante los gobiernos socialistas en esta Institución y que fue denunciado, el pasado año, por el nuevo gobierno provincial, del Partido Popular.

De hecho, consecuencia de las correspondientes denuncias ante la Fiscalía, se inició la instrucción por los juzgados de Córdoba, conociéndose  ayer que el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, ha impuesto una fianza de 830.000 euros al ex Gerente del Consorcio de Bomberos de la Provincia, organismo dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba.

El Consorcio arrastraba un agujero económico de aproximadamente 15 millones de euros  y, según las denuncias, resulta que este organismo dejó de pagar la Seguridad Social de los trabajadores, que tampoco abonó la parte del IRPF a Hacienda, que se produjeron desvíos de dinero público a cuentas privadas, que se encargaron obras de parques de bomberos saltándose los procesos administrativos, que el gerente hacía y deshacía como le daba la gana sin dar explicaciones a nadie y, lo que es peor, sin que ningún presidente o responsable político las solicitara o indagara sobre lo que estaba pasando. Hasta que el PP llegó a la Diputación de Córdoba, hasta que se empezaron a pedir explicaciones.

Y es que según las denuncias y las informaciones publicadas por la prensa local, el ex Gerente del Consorcio de Bomberos, Antonio Navarrete, realizó entre otras cosas transferencias importantes, por importes superiores a 500.000 euros, a cuentas privadas, abonándose horas extras (cuando por su cargo no le correspondían) o para sufragar gastos personales, como los de servicio de limpieza de su vivienda y de familiares.

A esto se han dedicado (y se seguirán dedicando) algunos cargos del PSOE en muchas instituciones, sobre todo en Andalucía, a hacer y deshacer a su antojo, como si se tratara de su coto privado, de su cortijo.

Y estos hechos no se conocen a nivel nacional, no tienen repercusión mediática, ni siquiera se nombran (de pasada) en los informativos de las principales cadenas. ¡Y hablamos de 15 millones de euros! Si estos hechos no tienen repercusión ¿cómo los conocerá la ciudadanía? ¿de cuántos casos de corrupción no tenemos noticia? Solo espero que ya que se trata de corrupción desconocida, al menos sea conocida por la justicia en profundidad y que sea castigada como corresponde.

¿LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA? ¡SEGÚN QUIEN SEA!

Parece que la corrupción en Cataluña se dispara, parece que en esa zona de España hay más nivel de corrupción, aunque ninguna zona se salva. Esta vez le ha tocado al Partido Socialista de Cataluña (PSC). Después de cosechar los peores resultados de su historia en unas elecciones autonómicas, han sido imputados el Secretario de Organización y número dos del PSC y el alcalde de Sabadell, que además es Presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, (otro chiringuito como la FAMP).

Estos políticos han sido acusados de supuestas irregularidades y corrupción urbanística, habiéndose detenido a doce personas, entre ellas a la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac. Además la sede del PSC ha sido registrada, igual que el Ayuntamiento de Sabadell.

Según publican varios medios, la Fiscalía considera que los miembros de esta trama exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, aunque la cantidad podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar.  Este depósito se destinaba a un fondo perdido que «finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3 por ciento en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final». ¿Recuerdan lo del 3%? Ya se lo dijo el Sr. Maragall a ArtuR Mas en una sesión del Parlamento catalán, y nadie hizo nada, ¿será porque lo hacían muchos? (El vídeo está en catalán, pero se entiende).

Pues bien, ayer compareció ante los medios el Secretario General del PSC, Pere Navarro, y dijo que creía la versión que le habían explicado los imputados socialistas, que ya habían dimitido de sus cargos en la organización y que pedía la presunción de inocencia para estas personas.

Me parece muy bien que el Sr. Navarro se crea lo que le hayan contado, me parece muy bien que pida respeto a la presunción de inocencia, pero por favor, que lo lleven siempre a efecto, que cuando un caso de corrupción afecte a otro partido político también apelen a la presunción de inocencia, porque si ésta existe es para todos. No obstante, como ya he dicho en otras ocasiones, un imputado en un delito grave no puede permanecer en un cargo público, los imputados por corrupción deberían dimitir de todos sus cargos. Y la presunción de inocencia, hasta que la sentencia sea firme.