Ayer
el Presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, comunicaba la decisión
de su gobierno de proceder al cierre de la Radio Televisión Valenciana, después
de que los tribunales consideraran que no existían razones suficientes para
proceder al Expediente de Regulación de Empleo que el canal autonómico presentó
ante la autoridad laboral.
Y
es que la mencionada sentencia obliga a aportar 40 millones de euros para la
readmisión del personal despedido en su día, algo que las arcas valencianas no
pueden soportar, en palabras de su Presidente, por lo que se han visto
obligados a echar el cierre. Una medida dura, sobre todo por la pérdida de
empleos, pero que es necesaria para seguir manteniendo otros servicios públicos
de mucha más importancia y necesidad.
Porque
en esta España de las autonomías se ha vivido una loca carrera por la creación
de mini estados, mini estados que cuentan con todas las estructuras propias de
un país, entre ellos universidades por doquier, aeropuertos, radio televisiones
públicas y hasta circuitos de fórmula 1. Y lógicamente de aquellos polvos
vienen estos lodos. Y el lodazal que se ha formado es el siguiente:
Cataluña.
6 canales de TV y 4 de radio. Cerca de 2000 trabajadores, con un coste en 2012
de 225 millones de € y una deuda de cerca de 1.000 millones de €.
Andalucía.
Cuenta con 3 canales de televisión 4 de radio. En 2012 costó 220 millones de €
con una deuda de 65 millones. 1.600 trabajadores.
Valencia.
Con 2 canales de televisión y otros tantos de radio, cuenta con una deuda de
unos 1.200 millones de € y una plantilla de 1.700 trabajadores.
Madrid.
Tiene dos canales de TV y uno de radio y una deuda de unos 250 millones de
euros para una plantilla de unos 300 trabajadores tras despedir a unos 800 a
principios de este año.
Y
no sigo cansando con cifras, solo decir que las únicas CCAA que no cuentan con
televisiones públicas son Cantabria, La Rioja y Navarra.
Como
dije ayer en Twitter, por mí que cierren todas las cadenas de televisión y radio
públicas y, como mucho, que dejen La 2, (y que se exijan responsabilidades a
sus máximos gestores y políticos), porque estos entes son un pozo sin fondo y
aportan muy poco a la sociedad, una sociedad que tiene otras prioridades y que
no se puede permitir estos lujos.
