Leía ayer en la prensa que el Ministro de Justicia, Ruiz
Gallardón, ha propuesto que, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (que pasaría a llamarse ‘Código procesal penal’), se permita a los
jueces la posibilidad de inhabilitar “como medida cautelar” a cualquier cargo
público “desde el momento en el que sea imputado o encausado”, algo similar a
lo dispuesto para funcionarios o jueces, que sí pueden ser apartados
temporalmente de sus puestos cuando existe un expediente o causa abierta.
Es decir, sería el juez que instruyera una causa
contra un político el que decidiría si se le ha de apartar, temporalmente, del
cargo público que ostente.
Y me pregunto una cosa, mientras que dure esa inhabilitación
cautelar, ¿ese puesto sería ocupado?, es decir, ¿sería sustituido por el
siguiente candidato a concejal o diputado en la lista de su partido? porque
imaginemos que un partido gobierna con mayoría absoluta por diferencia de un
escaño, si imputan a uno de los miembros de su grupo ¿perderían la mayoría
absoluta durante ese tiempo? ¿o habría un diputado temporalmente inhabilitado y
otro temporalmente ejerciendo el cargo? Creo, que como tantas otras cosas que
proponen nuestros políticos, no está muy pensado.
Y salvada la cuestión formal quiero analizar el tema
de fondo. Como decía en Twitter, “¿hay tan poca ética y moralidad que ha de
decidir un tercero?”, ¿ha de ser un juez el que decida que un político se debe
apartar de sus funciones?, en mi opinión debería existir la suficiente moral entre
nuestra clase política como para que ellos mismos fueran los que dimitieran,
por honorabilidad, por principios.
Y además, como muchos de nuestros políticos están
aforados, diputados y senadores en el Tribunal Supremo y diputados autonómicos
ante los Tribunales Superiores de Justicia, serán estos tribunales los que
decidan sobre la inhabilitación del político, cuando todos conocemos los
intereses que se generan en esos estamentos, a esos niveles…
Y además, ¿qué dirá el fiscal correspondiente? ¿qué
postura tomará? porque si la Fiscalía, que actúa bajo dependencia jerárquica,
pide la inhabilitación para un imputado de la oposición será acusado de
parcialidad y actuar bajo criterios políticos, igual que si se opone a la
inhabilitación de un miembro del partido del gobierno de turno. Vamos, un lío.
Lo dicho, que creo que la idea del Sr. Gallardón,
como la mayoría de las que tiene, es desacertada, está fuera de lugar y será
inoperativa. Lo que se ha de hacer, dada la falta de principios y honorabilidad
de la mayoría de nuestros políticos (incapaces de dimitir), es cesar de su
cargo a cualquier político imputado, sin vuelta atrás. Así de fácil.
