Los sábados recordamos en Desde el Caballo de las Tendillas y hoy os
traemos este post de abril del pasado año, en el que comentábamos las
declaraciones de un consejero de la Junta de Andalucía que tras las mismas
continúa en el cargo, no esperaba menos de doña Susana…
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sábado, 7 de enero de 2017
RECORDANDO EN DECDLT… UN CONSEJERO IMPRESENTABLE
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domingo, 11 de septiembre de 2016
RECORDANDO EN DECDLT… CUANDO LA CARGA GENÉTICA CUENTA
Los domingos recordamos
en Desde el Caballo de las Tendillas y ayer, tras llegarme la viñeta que os
dejo al final, me acordé del artículo que hoy os traigo, publicado en octubre
del 2012 y en el que hablábamos de las relaciones familiares en la administración
y sus satélites… ¡Feliz domingo!
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viernes, 29 de abril de 2016
UN CONSEJERO IMPRESENTABLE
Esta semana hemos vuelto
a vivir una situación que de vez en cuando se repite entre los dirigentes de la
Junta de Andalucía, es lo que tiene creerse los amos de Andalucía. Eso es lo
que le pasa a ‘La PSOE’ en estas tierras, son tantos años agarrados al
solomillo de la vaca que se confunden los conceptos. Y eso mismo es lo que le
ha ocurrido a un tal Emilio de Llera (no conocemos a nuestros políticos),
consejero de justicia de la Junta de Andalucía que se permitía el lujo de
comparar a los jueces independientes con Hitler.
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sábado, 31 de octubre de 2015
RECORDANDO EN DECDLT…El DÍA QUE REQUISARON LA JUSTICIA EN ESPAÑA, por @PepeWilliamMunn
Hoy recordamos en Desde el
Caballo de las Tendillas y, a cuentas de la Justicia, os traemos un artículo de
José Quijada, publicado en junio de 2013. Y es que parece que al Poder judicial
le va a tocar lidiar con el separatismo. ¡Feliz sábado!
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miércoles, 22 de enero de 2014
ME DA LA RISA
“Todos somos iguales ante la Ley”; a nuestros
políticos últimamente se les llena la boca con esta frasecita. Y es que
reclaman esta igualdad de trato ante los tribunales de justicia al referirse a
la imputación de la Infanta Cristina, exigiendo que esta reciba el mismo
tratamiento que recibiría un ciudadano normal, cuando saben que, en realidad,
todos los españoles no somos iguales.
Y todos los españoles no somos iguales porque los
políticos se han otorgado a sí mismo un estatus especial, el del aforado.
Nuestro País tiene el mayor número de aforados de las democracias europeas, con
unas diez mil personas con una protección jurídica especial por el mero hecho
de ostentar un cargo de representación. Aquí son aforados, entre otros,
nuestros diputados y senadores, los miembros de las cámaras autonómicas, el
presidente del Gobierno y los ministros; también son aforados los magistrados
de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas
y el Defensor del Pueblo. Sin olvidarnos del Jefe del Estado.
Por contraposición, en otros países europeos son
muchos menos los aforados. En Reino Unido y Alemania, donde no existe esta
figura procesal, en Francia, se limita al presidente de la República y a los
miembros del Gobierno; y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías
los presidentes de la República.
Por eso cuando escucho a políticos, de todo pelaje
y condición, apelar a la igualdad ante la Ley me entra la risa, porque ¿cómo se
puede hablar de igualdad desde la desigualdad? Personas que reciben a Su
Señoría en su despacho o en su casa para declarar, o a las que se les otorga el
derecho de hacerlo por escrito, ¿cómo tienen la cara dura de decir que todos
hemos de ser iguales ante la Ley?, ¿por qué no empiezan dando ejemplo y
eliminan los aforamientos? Mientras esto ocurre me seguirá dando la risa.
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jueves, 5 de diciembre de 2013
YA HAN CUMPLIDO CON LA JUSTICIA
Desgraciadamente
llevamos varias semanas hablando de la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en relación a la conocida como ‘Doctrina Parot’ y de la que ya he dado mi opinión en Desde
el Caballo de las Tendillas en varios artículos.
Y
es que consecuencia de esa sentencia son muchos los terroristas, violadores,
asesinos y demás delincuentes muy peligrosos que han sido puestos en libertad,
y son puestos en libertad porque el Gobierno de España ha querido acatar la
sentencia y cumplirla en todos sus términos. Algo que se podría haber evitado
si hubiera existido voluntad política.
Pero
tenemos el Gobierno que tenemos y las consecuencias las sufrimos todos. Y
claro, ahora surgen los problemas, los miedos y las esperas. Como la espera que
se está viviendo en Córdoba ante la posible llegada de Miguel Ricart a nuestra
Ciudad, algo que se confirmaba desde la Subdelegación del Gobierno, aunque ayer
el Alcalde, José Antonio Nieto, dijera que no le consta que Ricart quiera
instalarse en Córdoba.
Y
digo yo, si el Gobierno ha puesto en libertad a estas personas, (porque creo
que ha sido el Gobierno y no los jueces, como nos quieren hacer ver), en
cumplimiento de una sentencia, estas personas ya han cumplido con la sociedad,
ya han cumplido su pena, por lo que ¿a qué viene controlarlos?, ¿en base a qué
razones se siguen sus pasos?
Estas
personas ya están en libertad, consecuencia de una decisión política, por lo
que gozan de todas las garantías civiles, como el resto de los ciudadanos y,
por lo tanto, no veo bien que se les controle, que se les vigile. Si somos tan
demócratas como para acatar una sentencia y cumplirla de una forma tan rápida,
seamos también demócratas con sus consecuencias y no sometamos a vigilancia a
personas que ya han cumplido con la Justicia.
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domingo, 10 de noviembre de 2013
JUECES DE LO SOCIAL Y EMPRESA, por Empresarios del 9 largo
Esta
semana hemos conocido el anuncio del cierre de la Radio Televisión
Valenciana. Y hay que destacar que dicho cierre viene “motivado” por la
resolución judicial que afirma que se vulneraron derechos en la tramitación del
expediente de regulación de empleo que intentaba salvar la cadena.
Esta
resolución, para los que han tenido la desgracia de acudir al juzgado de lo
social, en representación de la empresa o como empresario, durante esta crisis,
no es nueva. Lamentablemente existen resoluciones similares a miles.
Busque
sentencias sobre empresas de su localidad que finalmente han cerrado. Pues verá
que hay resoluciones, sobre empresas que se han liquidado o pasado por un
concurso de acreedores, donde se duda de la situación económica que justificaba
un despido. Y es que pueden dejar la ley lo más clara que quieran, que la
interpretación puede ser muy distinta.
Además,
en un país donde es más grave que se te pase un plazo, a “distraer” 10 millones
de euros de una empresa, es que ser empresario tiene mérito. Si no te lo has
llevado, pero solicitas el concurso de acreedores, pues “culpable” también,
porque claro, lo teníais que haber presentado en el momento en que tuvieses
conocimiento. “Culpable por extemporáneo”. Ojito al caso de Radiotelevisión
Valenciana, el patrimonio neto de “el ente” ya era negativo en 1.100 millones
de euros en 2008. Eso en una empresa privada ya es motivo suficiente para que
el administrador sea declarado culpable de la situación patrimonial de la
empresa, y responsable de esos 1.100 millones de euros. Pues han pasado ya 5
años…
Si
eso es en los juzgados de lo mercantil, imagínese en lo social. Que despides
porque estás en situación de crisis. Prepárate para el striptease, para
justificar las pérdidas, presentes, pasadas y futuras, pero no usted, sino un
auditor, un experto en derecho mercantil, un chamán, el cura de la parroquia
más próxima, el cabo de la guardia civil del pueblo, etc. Porque tener 8 ó 9
millones en el RAI y Asnef no le valen a su señoría. Se lo aseguro.
Habrá
que ver los conocimientos contables y económicos de un juez de lo social, para
evaluar la situación de crisis de una empresa. O su experiencia dentro de una
compañía en crisis. ¿Se han parado a pensar lo que significa en una empresa un
ERE del 50% de la plantilla? ¿Se imaginan lo que significa alargar el plazo de
consultas con la mitad de la plantilla pendiente de ser despedida? ¿Qué creen
que pasa con la empresa, con sus clientes, con la producción, etc. mientras se
deciden? Pero bueno, normalmente no entran en esas minucias, lo suyo son los
defectos de forma.
En
el caso de la sentencia de Radiotelevisión Valenciana, considera relevante que
no se aportase con la solicitud inicial de ERE una relación nominativa de los
trabajadores afectados. Si bien la legislación permite, en su defecto,
concretar los criterios tenidos en cuenta para designar a los mismos. Eso
intentó la empresa, hablando de si el puesto estaba o no afectado por la
reestructuración de la empresa, (es decir su departamento es eliminado o
reducido) y se hablaba dentro de esto de priorizar según: experiencia,
formación, polivalencia, menor absentismo, o buenas prácticas profesionales.
Error… el juzgador considera esos criterios “ambiguos, subjetivos y genéricos,
arrojando poca luz para poder negociar” (por cierto, menudo papelón el de la
consultora PWC). Esto ya da pie a la sala para afirmar que no había ánimo
negociador, y que la empresa ya tenía “predeterminado” el resultado.
A
partir de ahí, pues ya da casi igual, la empresa elaboró el listado siguiendo
esos criterios, aunque los modificó. Error, el juzgado también ve mal que se
modifiquen los criterios. A lo mejor es que se modificaron, fruto de la
negociación, pero entonces estaban discriminando a los trabajadores que ya
habían salido de la empresa. También se modifican los criterios para “salvar” a
200 personas del ERE. Error, también es susceptible de reproche por la sala
por… discriminatorio, ya había salido personal de la empresa que a lo mejor
podría estar entre esos 200 salvados.
La
empresa alegó que había tenido cambios en la dirección, 3 directores generales
en 6 meses, durante la negociación del ERE, y que por eso durante la
negociación se produjeron esos cambios. Error… no tiene suficiente relevancia.
3 cambios en una dirección general de una empresa de 1700 trabajadores, con
1200 millones de euros de deuda en 6 meses, debe ser poca cosa, pero si tiene
relevancia que un asunto se duerma en un juzgado porque pasan 3 jueces
sustitutos en 6 meses. Ojo, que el retraso de la administración en iniciar el
procedimiento, tampoco es excusa para el juzgado, y dice “… cuando menos debieron
planificarse en el tiempo con los debidos márgenes para su completa
ejecución…”. En resumen, que si la administración tarda en contestar…. Haberlo
pedido antes.
Y
claro, ya no vale que una tele pública palme pasta a diario, (50 millones de
euros el año pasado), que el patrimonio neto sea negativo en 1200 millones de
euros, o que tenga el doble o triple de personal que los canales privados de
ámbito nacional. Es por una coma que se te ha colado, o porque no has dado el
plazo suficiente para consulta (claro, tu empresa pierde dinero a diario, pero
hay que dar plazo para negociar), o si has dado el plazo, pero no ha habido
“auténtica” voluntad negociadora. Así que hiciste un ERE para intentar salvar
la empresa, y a los meses te encuentras con que te lo tumba un juez, y te
readmite al personal, ojo que si es nulo, readmisión y salarios de tramitación
(en el caso de Radiotelevisión Valenciana un pico). Con lo cual, ahora sí,
estás en situación de crisis, y prepárate para la liquidación. ¿y el personal?
Pues no se salvan ni 500, ni 50 ni 5 empleos. Al final todos al paro. Ahora sí…
sin discriminación.
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lunes, 8 de julio de 2013
JUECES ESTRELLA, SOCIEDAD ESTRELLADA
Ayer,
en la tertulia política del programa Sin Complejos, que magistralmente dirige
Luis del Pino y que se emite en las mañanas de los fines de semana en Es Radio,
hablaron, entre otros temas de interés, sobre los jueces estrella y decían que
no es lógico que en una democracia consolidada haya jueces con tanta presencia
mediática.
Ese
análisis me dio que pensar, pues creo que es muy acertado. El hecho de que, por
ejemplo, la jueza Mercedes Alaya se haya convertido en un referente mediático y
congregue un gran número de “fans” no debería ser normal.
Pero
igual que ocurre con la jueza Alaya, también ha pasado con otros. El caso más
mediático sin duda ha sido el del Juez Baltasar Garzón, que tras dejar la
política volvió a los juzgados instruyendo el caso GAL y la corrupción
socialista, y antes de que le condenaran por prevaricación le tocó al caso
Gürtel y a la corrupción de los populares. También hay que recordar a Javier
Gómez de Liaño, que investigó al Grupo PRISA y que curiosamente también fue
condenado por prevaricación. Y al Juez Ruz, que instruye el caso Bárcenas.
Son
todos jueces conocidos, que tienen una gran presencia en los medios de
comunicación, pero ¿es esa una situación normal? Creo que no debería serlo, no
debería ser normal que estos servidores públicos fueran tan mediáticos. ¿Pero
por qué lo son?; en mi opinión es consecuencia del gran nivel de corrupción que
vive el País, unido a la falta de líderes, lo que conlleva que la gente vea en
estos jueces a unos luchadores por la ejemplaridad, por la transparencia, por
la honestidad…, Claro que va según barrios, porque para los de enfrente son
todo lo contrario.
Yo
considero que los jueces no deberían ser conocidos, no deberían protagonizar
noticias ni abrir los telediarios. En las democracias sin tanto nivel de
corrupción, sin tanto “mangoneo” político, los ciudadanos saben que los jueces
están ahí, cumpliendo su papel constitucional, pero no son tan conocidos como
en España, porque solo son un instrumento para hacer cumplir la Ley.
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sábado, 18 de mayo de 2013
LOS JUECES NO USAN EL METRO
Ayer
hablábamos en Pensamientos a Vuela Pluma sobre una decisión de la Audiencia
Provincial de Madrid que ha levantado algo de polémica. Resulta que hace unos
meses un juzgado de Madrid acordaba, de forma provisional, prohibir el acceso
al Metro de la capital de España a un grupo de bosnias que se dedicaban a robar
en el suburbano, pues bien, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial revocaba
esta decisión al considerarla desproporcionada, y no señalarse a qué víctimas
se protege con la medida.
Resumiendo,
hay un grupo de 5 bosnias que se dedican a robar (hurtar más bien) carteras y
otros objetos en el Metro de Madrid; estas delincuentes cuentan con más de 350
antecedentes policiales por estos hechos, pues bien, un Juzgado de Instrucción
acuerda, como medida cautelar, la prohibición de acceso al Metro a esta banda y
la Audiencia Provincial de Madrid revoca este auto por los argumentos que hemos
indicado.
Lo
siento mucho por los usuarios del Metro de Madrid, y también lo siento mucho
por los policías que detengan a las integrantes de esta banda y que verán como
entran por una puerta y salen por otra, ¿llegarán a los 500 antecedentes?
Recuerdo
la buena acogida que tuvo la noticia del auto que impedía el acceso al Metro a
estas 5 mujeres, por lo que imagino que a los usuarios del Metro de Madrid no
les habrá gustado nada esta decisión, porque tengo claro que estas delincuentes
tardarán muy poco en volver a sus andadas. Creo que este es el único País
europeo en el que ocurren estas cosas.
¿Y
por qué ocurren estas cosas? En mi opinión por varios motivos, pero
principalmente por las leyes tan laxas que tenemos en España y la lentitud de
la Justicia. ¿No debería haberse celebrado ya el juicio correspondiente?, ¿a
qué esperamos?
Y
una cosa que tengo clara, estos jueces no usan el Metro.
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jueves, 18 de abril de 2013
¿INHABILITACIÓN CAUTELAR?
Leía ayer en la prensa que el Ministro de Justicia, Ruiz
Gallardón, ha propuesto que, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (que pasaría a llamarse ‘Código procesal penal’), se permita a los
jueces la posibilidad de inhabilitar “como medida cautelar” a cualquier cargo
público “desde el momento en el que sea imputado o encausado”, algo similar a
lo dispuesto para funcionarios o jueces, que sí pueden ser apartados
temporalmente de sus puestos cuando existe un expediente o causa abierta.
Es decir, sería el juez que instruyera una causa
contra un político el que decidiría si se le ha de apartar, temporalmente, del
cargo público que ostente.
Y me pregunto una cosa, mientras que dure esa inhabilitación
cautelar, ¿ese puesto sería ocupado?, es decir, ¿sería sustituido por el
siguiente candidato a concejal o diputado en la lista de su partido? porque
imaginemos que un partido gobierna con mayoría absoluta por diferencia de un
escaño, si imputan a uno de los miembros de su grupo ¿perderían la mayoría
absoluta durante ese tiempo? ¿o habría un diputado temporalmente inhabilitado y
otro temporalmente ejerciendo el cargo? Creo, que como tantas otras cosas que
proponen nuestros políticos, no está muy pensado.
Y salvada la cuestión formal quiero analizar el tema
de fondo. Como decía en Twitter, “¿hay tan poca ética y moralidad que ha de
decidir un tercero?”, ¿ha de ser un juez el que decida que un político se debe
apartar de sus funciones?, en mi opinión debería existir la suficiente moral entre
nuestra clase política como para que ellos mismos fueran los que dimitieran,
por honorabilidad, por principios.
Y además, como muchos de nuestros políticos están
aforados, diputados y senadores en el Tribunal Supremo y diputados autonómicos
ante los Tribunales Superiores de Justicia, serán estos tribunales los que
decidan sobre la inhabilitación del político, cuando todos conocemos los
intereses que se generan en esos estamentos, a esos niveles…
Y además, ¿qué dirá el fiscal correspondiente? ¿qué
postura tomará? porque si la Fiscalía, que actúa bajo dependencia jerárquica,
pide la inhabilitación para un imputado de la oposición será acusado de
parcialidad y actuar bajo criterios políticos, igual que si se opone a la
inhabilitación de un miembro del partido del gobierno de turno. Vamos, un lío.
Lo dicho, que creo que la idea del Sr. Gallardón,
como la mayoría de las que tiene, es desacertada, está fuera de lugar y será
inoperativa. Lo que se ha de hacer, dada la falta de principios y honorabilidad
de la mayoría de nuestros políticos (incapaces de dimitir), es cesar de su
cargo a cualquier político imputado, sin vuelta atrás. Así de fácil.
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miércoles, 17 de abril de 2013
LOS JUECES NO APRUEBAN LAS LEYES
Ayer se producía la lectura de la sentencia por la
causa seguida, por delitos de corrupción y de blanqueo de capitales, contra
Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, entre otros, tras seis meses de
juicio. Un acto seguido por un gran número de periodistas y emitido en directo
por las principales cadenas de televisión.
Yo vivía la lectura de la sentencia en la sala de
espera de una clínica médica. He de decir que entre los presentes, personas de
diversa edad (hombres y mujeres a partes iguales) había bastante interés y la
mayoría de ellos sonrieron cuando se hicieron públicas las condenas.
Comentarios del tipo, “que barato sale robar”, “estarán en la cárcel unos meses”
o “para qué les ponen tanta multa, si no van a pagar nada”, los hicieron varios
de los presentes.
No obstante el que más me llamó la atención fue uno
que hizo un señor, de unos 40 años, criticando a los jueces “por las bajas
penas que ponen”.
Y es que ese es un error muy común en la población.
Muchos ciudadanos hacen responsables a los jueces de las penas que imponen en
sus sentencias, cuando los jueces se limitan a cumplir con las leyes, se
limitan a aplicar las leyes aprobadas por los políticos. Algo que a muchos se
les olvida.
Las penas están recogidas en las leyes, leyes que no
aprueban los jueces. Ellos no tienen culpa de la laxitud de las mismas. Ellos
no tienen culpa de su redacción y forma de aplicación. Ellos cumplen con su obligación,
que es aplicar la Ley.
A los que hay que exigir los cambios en las penas es
a los políticos, son los responsables de lo que tenemos, son los responsables
de que muchos delitos no se castiguen con la dureza que se debería.
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