SUSANA DÍAZ TAPA A LOS CORRUPTOS

A Doña Susana siempre se le ha llenado la boca hablando de lucha contra la corrupción, incluso se atreve a decir que ella, su Gobierno y el propio PSOE andaluz son los que más han hecho contra esta lacra. Algo que llama mucho la atención, por cosas como la que se conocía ayer.

EXISTEN LOS AFORADOS POR NUESTRO BIEN

Ayer anunciaba el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se tiene previsto incluir el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias, así si estos fueran imputados por algún delito la causa sería tramitada ante el Tribunal Supremo.

El objetivo es que estos tengan el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, los ministros, diputados, senadores y la cúpula judicial; según informaba el diario digital El Confidencial. El Ministro de Justicia decía que el aforamiento “no es un privilegio” para el aforado, sino “un instrumento para aumentar la seguridad jurídica sobre personas que el legislador entiende que deben ser objeto de una tutela”. Y es que en palabras del Sr. Ruiz Gallardón es una disfunción en la estructura del Estado el hecho de que un ministro estuviese aforado y el Príncipe no, por ejemplo.

Pues sí Sr. Ministro de Justicia, pero podrían haber aprovechado para igualar por abajo, eliminando los aforamientos, ¿por qué han de igualar por arriba?, no me conteste que ya conozco la respuesta.

Pero es que además de los aforados que hemos señalado más arriba, también hay que sumar a otros muchos más, como son los parlamentarios autonómicos, el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, y los jueces, magistrados y fiscales, cuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.

Pues nada, que si en este País no eres aforado no eres nadie, porque vamos, ¡toda la casta está aforada! Y todo para, según el Sr. Ruiz Gallardón, aumentar la seguridad jurídica sobre las personas que deben ser objeto de una tutela, al resto que nos parta un rayo. Pero bueno, habrá que pensar que existen los aforados para garantizar el buen funcionamiento de nuestra democracia y la separación de poderes, habrá que pensar que existen los aforados por nuestro bien. Será eso.

ME DA LA RISA

“Todos somos iguales ante la Ley”; a nuestros políticos últimamente se les llena la boca con esta frasecita. Y es que reclaman esta igualdad de trato ante los tribunales de justicia al referirse a la imputación de la Infanta Cristina, exigiendo que esta reciba el mismo tratamiento que recibiría un ciudadano normal, cuando saben que, en realidad, todos los españoles no somos iguales.

Y todos los españoles no somos iguales porque los políticos se han otorgado a sí mismo un estatus especial, el del aforado. Nuestro País tiene el mayor número de aforados de las democracias europeas, con unas diez mil personas con una protección jurídica especial por el mero hecho de ostentar un cargo de representación. Aquí son aforados, entre otros, nuestros diputados y senadores, los miembros de las cámaras autonómicas, el presidente del Gobierno y los ministros; también son aforados los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Sin olvidarnos del Jefe del Estado.

Por contraposición, en otros países europeos son muchos menos los aforados. En Reino Unido y Alemania, donde no existe esta figura procesal, en Francia, se limita al presidente de la República y a los miembros del Gobierno; y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías los presidentes de la República.

Por eso cuando escucho a políticos, de todo pelaje y condición, apelar a la igualdad ante la Ley me entra la risa, porque ¿cómo se puede hablar de igualdad desde la desigualdad? Personas que reciben a Su Señoría en su despacho o en su casa para declarar, o a las que se les otorga el derecho de hacerlo por escrito, ¿cómo tienen la cara dura de decir que todos hemos de ser iguales ante la Ley?, ¿por qué no empiezan dando ejemplo y eliminan los aforamientos? Mientras esto ocurre me seguirá dando la risa.

¿POR LA IGUALDAD DE QUÉ ESPAÑOLES?

Decía hace unos días Javier Arenas en la Escuela de Verano del Partido Popular en Gandía, que digo yo que aunque estemos todavía en verano lo de “escuela de verano” suena mejor en julio o agosto, que “lo importante es la igualdad de todos los españoles”.

Y en eso estamos de acuerdo, es lo importante. Pero cuando esas cosas se han de decir es porque realmente no existe esa igualdad, porque está claro que todos los españoles no somos iguales.

Y todos los españoles no somos iguales, empezando por los políticos. Porque el que dice estas palabras, el Sr. Arenas, como Senador del Reino de España que es, se encuentra aforado. Es decir, de sus presuntos delitos solo conocería el Tribunal Supremo, porque él, como el resto de diputados y senadores (así como miembros de las cámaras autonómicas) tiene un estatus especial. Estatus especial que lo diferencia del resto de ciudadanos.

Cuando habla de igualdad el señor Arenas, ¿se refiere también a eso? porque yo no veo voluntad en los dos principales partidos de este país para eliminar los aforamientos políticos, por ejemplo.

Señor Arenas, es muy fácil hablar de igualdad desde un escalón superior, porque usted habla de igualdad para los españoles pero garantizándose que usted y los suyos no son iguales, porque son superiores al resto de los ciudadanos y precisan de un trato “especial” por parte del Estado.

Mal vamos don Javier. Antes de hacer brindis al sol, de lanzar titulares fáciles, podrían dar un poco de ejemplo y proponer las modificaciones legales para acabar con los privilegios políticos, con las prebendas de las que disfruta la casta que controla este sistema, para que, por ejemplo, un político no tenga derecho a la pensión máxima por solo dos legislaturas en el cargo.

Sé que usted no se refería a este tipo de igualdad, pero ya que habla de igualdad, ya que la reclama para los españoles, aprovechen e igualen los derechos de los españoles, empezando por rebajarse los de la clase política.

SOBRE ETARRAS, AFORADOS Y CHULERÍAS VARIAS…

Ayer se vivía en Ondarroa, localidad de la provincia de Vizcaya, una situación que me llamó la atención. Resulta que la etarra Urtza Alkorta debe cumplir una sentencia de la Audiencia Nacional, que la ha condenado a 5 años de prisión por pertenecer a ETA y colaborar con esta banda terrorista y últimamente el entorno etarra, a fin de evitar las detenciones de condenados por terrorismo, se dedica a organizar “muros humanos”, tratando de impedir que las Fuerzas de Seguridad del Estado procedan a la detención del condenado de turno.

Y ayer se vivió esta situación en un puente peatonal de Ondarroa. La policía autonómica vasca se vio en la necesidad de ir retirando, uno a uno, a las cerca de 500 personas que trataban de impedir la detención, oponiéndose a la actuación policial y al cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Y entre los “manifestantes” se encontraba la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, la cual no dudó de hacer alarde de su condición de aforada (para eso sí les interesan las leyes españolas) y de amenazar a los ‘ertzainas’ indicando que tenía el teléfono personal de la Consejera de interior del Gobierno vasco y que la iba a llamar.

Así se las gastan ahora los etarras, actuando como los chulos de barrio. Por un lado logran protagonismo, salir en las noticias y que se hable de ellos, por otro continúan con sus políticas de agitación social.

Y el Estado lo permite, permite que se tengan que movilizar a más de 300 agentes de la Policía, con el coste económico que eso conlleva, permite que una parlamentaria autonómica le amenace y esgrima su condición de aforada al enfrentarse a los agentes de la autoridad. En este País el Estado permite muchas cosas que no ocurrirían en cualquier País normal.

¿A qué espera el Gobierno para ilegalizar a Bildu? o si no se atreven, ¿a qué esperan para eliminar los aforamientos? ¿A qué espera el Gobierno para legislar y que se pueda condenar por apología del terrorismo a quien apoye estos actos violentos? No sé a lo que espera, lo que sí sé es que tendré que esperar sentado…

¿INHABILITACIÓN CAUTELAR?

Leía ayer en la prensa que el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha propuesto que, en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que pasaría a llamarse ‘Código procesal penal’), se permita a los jueces la posibilidad de inhabilitar “como medida cautelar” a cualquier cargo público “desde el momento en el que sea imputado o encausado”, algo similar a lo dispuesto para funcionarios o jueces, que sí pueden ser apartados temporalmente de sus puestos cuando existe un expediente o causa abierta.

Es decir, sería el juez que instruyera una causa contra un político el que decidiría si se le ha de apartar, temporalmente, del cargo público que ostente.

Y me pregunto una cosa, mientras que dure esa inhabilitación cautelar, ¿ese puesto sería ocupado?, es decir, ¿sería sustituido por el siguiente candidato a concejal o diputado en la lista de su partido? porque imaginemos que un partido gobierna con mayoría absoluta por diferencia de un escaño, si imputan a uno de los miembros de su grupo ¿perderían la mayoría absoluta durante ese tiempo? ¿o habría un diputado temporalmente inhabilitado y otro temporalmente ejerciendo el cargo? Creo, que como tantas otras cosas que proponen nuestros políticos, no está muy pensado.

Y salvada la cuestión formal quiero analizar el tema de fondo. Como decía en Twitter, “¿hay tan poca ética y moralidad que ha de decidir un tercero?”, ¿ha de ser un juez el que decida que un político se debe apartar de sus funciones?, en mi opinión debería existir la suficiente moral entre nuestra clase política como para que ellos mismos fueran los que dimitieran, por honorabilidad, por principios.

Y además, como muchos de nuestros políticos están aforados, diputados y senadores en el Tribunal Supremo y diputados autonómicos ante los Tribunales Superiores de Justicia, serán estos tribunales los que decidan sobre la inhabilitación del político, cuando todos conocemos los intereses que se generan en esos estamentos, a esos niveles…

Y además, ¿qué dirá el fiscal correspondiente? ¿qué postura tomará? porque si la Fiscalía, que actúa bajo dependencia jerárquica, pide la inhabilitación para un imputado de la oposición será acusado de parcialidad y actuar bajo criterios políticos, igual que si se opone a la inhabilitación de un miembro del partido del gobierno de turno. Vamos, un lío.

Lo dicho, que creo que la idea del Sr. Gallardón, como la mayoría de las que tiene, es desacertada, está fuera de lugar y será inoperativa. Lo que se ha de hacer, dada la falta de principios y honorabilidad de la mayoría de nuestros políticos (incapaces de dimitir), es cesar de su cargo a cualquier político imputado, sin vuelta atrás. Así de fácil.